En medio del escándalo que sacude a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el senador Antonio Correa propuso una controvertida medida para abordar las declaraciones de los implicados en casos de corrupción. La propuesta surge tras las polémicas afirmaciones del exdirector de la UNGRD sobre presuntos contratos otorgados a grupos armados ilegales.
Correa anunció que en la próxima legislatura, a partir del 20 de julio, presentará un proyecto de ley que permitiría el uso voluntario del polígrafo en procesos judiciales. Según el senador, esta herramienta ayudaría a generar indicios sobre la veracidad de las declaraciones y evitaría que se induzca a error a los administradores de justicia.
El legislador argumenta que la medida es necesaria para construir una “verdad material” y esclarecer los hechos de corrupción que afectan al país. La propuesta contempla que los resultados del polígrafo sean considerados por fiscales y jueces al otorgar principios de oportunidad y aprobar acuerdos judiciales.
Correa expresó sus dudas sobre las declaraciones del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, calificándolas de “fábula” que busca flexibilizar su pena sin devolver lo robado. El senador exige una verdad completa, incluyendo detalles sobre supuestos beneficios entregados a terceros y cuestionamientos sobre otros contratos polémicos.
Además, el senador hizo un llamado a los delegados del Gobierno en las mesas de diálogo y a la sociedad civil para que se pronuncien sobre estas acusaciones. Correa resaltó que tanto el Gobierno como la sociedad han negado cualquier tipo de prebenda entregada a grupos ilegales.
Esta propuesta ha generado debate sobre la fiabilidad y legalidad del uso del polígrafo en procesos judiciales, así como sobre la necesidad de medidas extraordinarias para combatir la corrupción. Críticos argumentan que podría vulnerar derechos fundamentales, mientras que sus defensores la ven como una herramienta necesaria en la lucha contra la impunidad.
El caso de la UNGRD continúa develando las complejas relaciones entre política, justicia y manejo de recursos públicos en Colombia, poniendo a prueba los mecanismos existentes para investigar y sancionar actos de corrupción.
