La Reforma Pensional (Ley 2381 de 2024) enfrenta una solicitud de inexequibilidad ante la Corte Constitucional por presuntos vicios insubsanables en su trámite legislativo.
La Procuradora General, Margarita Cabello Blanco, argumenta que la aprobación en la Cámara de Representantes careció del debido debate democrático al adoptar apresuradamente el texto aprobado por el Senado.
Según el concepto enviado por la Procuraduría, durante la sesión del 14 de junio, la plenaria de la Cámara suspendió abruptamente la discusión detallada que venía realizando para aprobar, mediante una proposición de la bancada gobiernista, el texto previamente aprobado en el Senado. Esta decisión ignoró más de 60 modificaciones propuestas al texto original y más de 500 propuestas de ajuste presentadas por distintas bancadas.
El documento señala que la Mesa Directiva limitó a dos minutos las intervenciones de los voceros de cada partido político y ordenó una votación en bloque de los 95 artículos, sin permitir su discusión individual. La Procuraduría destaca que esta restricción impidió un análisis profundo de una reforma que impacta directamente los derechos fundamentales de la población.
El Ministerio Público resalta que se desestimaron las solicitudes de varios congresistas para ampliar el tiempo de deliberación, cerrando prematuramente el debate. Además, enfatiza que tanto las discusiones en Senado como en Cámara tienen igual importancia en el proceso legislativo, según el principio de consecutividad establecido en la Constitución.
La solicitud de inexequibilidad se fundamenta en que estos procedimientos constituyen un vicio insubsanable que afectó un elemento estructural del trámite legislativo: la deliberación democrática en cada cámara, necesaria para la validez constitucional de cualquier ley.
