El director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, compareció ante la Corte Suprema de Justicia para declarar sobre presuntas irregularidades en la financiación de la campaña del Pacto Histórico en 2022. Bolívar admitió el uso de aviones de la Sociedad Aérea de Ibagué, pero afirmó desconocer el origen de los recursos durante la campaña al Senado.
El funcionario señaló al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, como responsable de rendir cuentas sobre las finanzas debido a que era el jefe de campaña.
Aseguró que los fondos provinieron de la reposición de votos y pequeños aportes de seguidores, negando contribuciones de empresas privadas.
La investigación abarca tanto la campaña al Congreso como la presidencial de Gustavo Petro. El Consejo Nacional Electoral ha planteado que el gerente de la campaña presidencial, Ricardo Roa, habría ocultado más de 6.000 millones de pesos en los registros financieros, lo que podría haber superado los límites legales de gastos.
Los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, encargados del caso, afirman tener evidencia de alteraciones en la contabilidad de la campaña y del uso de fondos no reportados para sobornar testigos electorales en varios centros de votación del país.
