El reciente acuerdo entre el Gobierno y los transportadores para limitar el aumento del precio del ACPM a 800 pesos por galón este año podría agravar el déficit fiscal de Colombia, según advierten diversos expertos económicos.
El pacto, que puso fin al paro camionero, reducirá el ahorro previsto en subsidios a combustibles de 4 billones a solo 1,6 billones de pesos anuales, informa el diario El Tiempo en un análisis.
Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, calcula que el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles se reducirá de 12 a 10,4 billones de pesos este año, una disminución menor a la esperada inicialmente. Varios exministros de Hacienda expresaron preocupación por las implicaciones fiscales de esta decisión.
Mauricio Cárdenas señaló que el acuerdo deja un problema de alrededor de 10 billones de pesos anuales en un momento de escasez de recursos. José Antonio Ocampo calificó el aumento como “muy pequeño” con un impacto moderado en las finanzas públicas. José Manuel Restrepo advirtió sobre una posible mayor desfinanciación del Presupuesto General de 2025.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, reconoció que el fondo ha tenido un déficit que se agudizó desde 2021, alcanzando 15 billones de pesos ese año, 37 billones en 2022 y 20 billones en 2023. El funcionario indicó que se revisarán posibles ajustes para abordar esta situación.
El problema del subsidio a los combustibles se ha acumulado durante años. En total, el déficit acumulado asciende a unos 115 billones de pesos. Solo en los últimos dos años, el costo del subsidio alcanzó 49 billones de pesos, casi equivalente a lo recaudado por las reformas tributarias de 2021 y 2022.
Además del impacto fiscal, el reciente paro camionero causó pérdidas significativas en diversos sectores económicos. El comercio, la agricultura y la industria avícola reportaron disminuciones en ventas y producción. Fenalco Bogotá Cundinamarca informó que el 97% de los comerciantes experimentaron una caída en sus ventas durante el paro.
La resolución del conflicto plantea ahora el desafío de equilibrar las necesidades del sector transportador con la estabilidad fiscal del país, un tema que seguirá siendo central en el debate económico nacional.
