Aunque para el Gobierno Nacional la iniciativa es sana, ya que busca beneficios laborales y acceso a seguridad social a los taxistas, para César Montes, gerente de la empresa Servitaxi, aplicarla en Montería, representaría que casi 1.500 taxistas podrían quedar sin trabajo, ya que las empresas no tendrían la fuerza económica para asumir los gastos que conlleva el pago respectivo de salud, pensión y riesgos laborales.
César Montes, reiteró que están a favor de la iniciativa, pero reveló, que el pago de todos estos beneficios laborales supondría un costo diario de aproximadamente 18 mil pesos por taxista, lo que obligaría a las empresas a recortar personal.
“Apoyamos la iniciativa, pero queremos que sea socializada ya que como empresarios respaldamos esa idea porque hay muchas personas que después de trabajar 15 o 20 años no tienen ninguna seguridad, pero también tenemos que ser conscientes, hay preocupación porque en Montería hay 3 mil taxistas y automáticamente 1.500 quedarían por fuera porque para el propietario como la empresa no tendrán para pagar dos trabajadores”, sostuvo.
Los empresarios taxistas proponen, que el Estado, las empresas y propietarios de taxis subsidien una parte de las prestaciones sociales, así mismo dicen que sería viable aumentar la tarifa mínima en $ 500 pesos para que este dinero vaya a un fondo de seguridad social.
“Para nadie es un secreto que ya los taxistas están cobrando 5 mil pesos por carrera en realidad lo que proponemos hacer es legalizar ese cobro”, aseguró Montes.
Y añadió que, “así es la única forma que nosotros vemos viable para que no haya perjuicios y podamos sostener a los 3 mil taxistas que hoy en día están en Montería”.
Al cierre de esta edición algunos representantes de empresas de taxis estaban ad portas de reunirse con el Alcalde y delegados del Ministerio de Trabajo para analizar la problemática.
Recordemos que La norma establece como requisito que ningún conductor puede operar mientras no se haya realizado el pago respectivo de salud, pensión y riesgos laborales, que según el decreto se hará a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA).
La afiliación y pago de la cotización a la seguridad social de los taxistas se regirá por las normas establecidas para el Sistema General de Seguridad Social y su riesgo ocupacional estará clasificado en nivel cuatro, por ser considerada una actividad de riesgo alto.
Asimismo, las empresas de transporte que a la fecha de expedición del Decreto se encuentran habilitadas para la prestación del servicio, deberán contratar los seguros de accidentes personales de sus conductores a más tardar al momento de solicitar la renovación de las tarjetas de operación.
De igual forma son las autoridades municipales las encargadas de implementar y mantener actualizado un Registro de Conductores, que en línea y en tiempo real permita identificar plenamente a los conductores de los vehículos que operen en su jurisdicción y el vehículo que cada uno de ellos conduce.