El Ministerio de Salud y Protección Social interpuso este miércoles un recurso de súplica ante el Consejo de Estado para solicitar la revocatoria del auto del 4 de mayo de 2026, mediante el cual la Consejera Ponente Nubia Margoth Peña Garzón decretó la suspensión provisional del Decreto 0182 del 25 de febrero de 2026, norma que estableció mecanismos diferenciales para la reorganización territorial del aseguramiento en salud en Colombia.
El abogado Juan Camilo Escallón Rodríguez, apoderado judicial del Ministerio, argumentó que la decisión judicial adolece de un sesgo ideológico que llevó a la magistrada a acoger casi en su totalidad los argumentos de la demandante, sin contar con sustento técnico propio que avalara esa postura.
El Decreto 182 de 2026 introdujo criterios territoriales y poblacionales para organizar la operación de las EPS en municipios con baja densidad de afiliados, buscando corregir la fragmentación excesiva del aseguramiento y garantizar continuidad en la prestación de servicios. El Consejo de Estado lo suspendió al considerar que afectaba de manera desproporcionada el derecho a la libre escogencia de EPS y los principios de accesibilidad y continuidad del servicio de salud.
El Ministerio rechazó esa interpretación y precisó que el decreto no eliminó la libre escogencia sino que reguló su ejercicio dentro de la oferta disponible en cada territorio, preservando la posibilidad de traslado posterior a los 60 días de efectuada cualquier asignación especial.
El recurso también advirtió que la suspensión genera efectos adversos sobre las poblaciones vulnerables en zonas dispersas del país, quienes quedan expuestas a vacíos de cobertura que la norma buscaba precisamente evitar. La Superintendencia de Industria y Comercio había avalado previamente la proporcionalidad del decreto antes de su expedición.
