El Ministerio de Minas y Energía expidió una resolución este miércoles mediante la cual adopta medidas concretas para garantizar la confiabilidad, complementariedad y continuidad del servicio público de energía eléctrica del sistema interconectado nacional frente a un riesgo sistémico identificado.
La norma, fundamentada en las facultades legales del Decreto 381 de 2012 adicionado por el Decreto 1617 de 2013, establece acciones específicas para blindar la infraestructura energética del país ante posibles amenazas que podrían comprometer el suministro eléctrico a nivel nacional.
Según el documento oficial, las medidas adoptadas buscan ejercer control y vigilancia sobre las entidades prestadoras del servicio, aplicando los criterios establecidos en la Ley 142 de 1994 sobre servicios públicos domiciliarios.
La resolución faculta al gobierno para intervenir directamente en la administración, control y eficiencia de los servicios públicos domiciliarios eléctricos, ejerciendo funciones a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para inspeccionar y vigilar las entidades prestadoras.
Entre las acciones previstas se encuentran garantizar la calidad del servicio, mejorar la disposición al usuario, ampliar permanentemente la cobertura aplicando criterios de solidaridad y redistribución de ingresos, y coordinar con los municipios y departamentos las funciones de apoyo técnico y económico necesarias.
El ministerio justifica estas medidas extraordinarias citando que el Estado debe asegurar la prestación eficiente del servicio eléctrico a todos los habitantes del territorio nacional, especialmente considerando que se trata de un servicio “inherente a la finalidad social del Estado”.
