Abelardo de la Espriella anunció en su discurso de posesión que recurrirá a herbicidas de “última generación” para erradicar cultivos ilícitos y aseguró que esos productos no dañan la salud ni el ambiente.
Lo que no dijo el presidente fue cuál herbicida usará, bajo qué modalidad ni en qué territorios arrancaría la medida. Ese vacío anticipa la primera dificultad: el anuncio todavía no encuentra ruta jurídica.
El freno viene de la Corte Constitucional en la sentencia T-236 de 2017, el alto tribunal condicionó cualquier reanudación del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG) al cumplimiento de requisitos en materia de salud, ambiente, evidencia científica y participación ciudadana.
A ello sumó el derecho a la consulta previa cuando la aspersión afecte directamente a comunidades étnicas.
La Corte fue más allá y activó el principio de precaución, mientras existan indicios objetivos de riesgo, las autoridades deben descartarlos antes de ampliar una actividad con impactos relevantes.
Cuatro años después llegó un golpe adicional con la sentencia T-413 de 2021 dejó sin efectos el acto que había descartado la consulta previa y tumbó la modificación del Plan de Manejo Ambiental aprobada por la ANLA.
La orden fue clara, se debe consultar a las comunidades étnicas de los seis núcleos del programa, repartidos en 104 municipios de 14 departamentos.
La propia ANLA advirtió entonces que su decisión no habilitaba por sí sola el regreso de las avionetas y que la última palabra correspondía al Consejo Nacional de Estupefacientes.
Mientras el debate jurídico sigue abierto, las cifras presionan el relato. El monitoreo de UNODC contabilizó 253.000 hectáreas de coca en 2023, un 10 % más que el año anterior, con una producción potencial de 2.664 toneladas de clorhidrato de cocaína.
Convertir el anuncio en política pública obligará al Gobierno Nacional a responderle primero a los jueces.
