Más de 80 defensores de derechos humanos están amenazados en el departamento de Córdoba, según cifras de la Policía reveladas por José Ortega, líder social y defensor de derechos humanos de la región.
Ortega calificó esta situación como “repudiable” y exigió a la institucionalidad comenzar a “desescalar el conflicto y el lenguaje en los territorios”. El defensor advirtió que la estigmatización contra activistas sociales proviene incluso desde sectores de la institucionalidad pública.
Como ejemplo de esta problemática, el líder social destacó el caso de varios jóvenes que debieron renunciar a sus candidaturas para los consejos municipales de juventudes en el municipio de Cereté. Los aspirantes denunciaron ser objeto de estigmatización y señalamiento, presuntamente por miembros de la institucionalidad local.
“La institucionalidad debe entender que los procesos electorales que se avecinan alrededor de los consejos municipales de juventud y del liderazgo social tienen que respetarse”, afirmó Ortega. El defensor pidió garantías totales para que estos procesos se ejerzan “con total transparencia y claridad y sin ninguna presión en los territorios”.
La situación de seguridad cobra especial relevancia ante las próximas elecciones de la circunscripción transitoria especial de paz, donde el sur de Córdoba presenta complejidades adicionales debido a la hegemonía de actores armados en la zona.
Ortega solicitó al Estado colombiano comprometerse con las garantías electorales y permitir que la población decida libremente a sus representantes sin interferencias de grupos políticos tradicionales ni presiones externas.
