Al Congreso de la República le quedan cuatro días, contados desde este domingo, para aprobar en las plenarias de Senado y Cámara la ley de sometimiento que el Gobierno Nacional impulsa en Bogotá. El miércoles 4 de noviembre expira la Ley 418 de 1997, la norma de orden público que permite al Estado acercarse a los grupos armados.
La urgencia viene de la prórroga de cuatro años que aprobó el gobierno de Gustavo Petro mediante la Ley 2272. Al vencer ese plazo, el Ejecutivo se quedaría sin la base jurídica que la nueva iniciativa pretende modificar.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, radicó el proyecto en la Cámara de Representantes el 13 de octubre, con mensaje de urgencia y el número 433 de 2026. El texto plantea rebajas de pena para quienes se acojan a la justicia, pero mantiene vigentes las capturas y las extradiciones.
Las comisiones primeras conjuntas aprobaron el articulado el 21 de octubre. En el Senado la votación terminó 21 a 1 y en la Cámara, 21 a 10, después de que los congresistas negaran la ponencia de archivo presentada por el Pacto Histórico.
El texto endurece los requisitos para recibir beneficios judiciales. Para la libertad condicional, el procesado tendrá que cumplir las cuatro quintas partes de la condena, frente a las tres quintas partes que exige la legislación ordinaria.
Cancino ha insistido en que no habrá negociación política con los grupos ilegales. “Será un proceso de sometimiento a la ley, un sometimiento legal que tendrá unas reglas claras”, declaró el funcionario cuando presentó los detalles.
La discusión generó tensiones incluso dentro del Centro Democrático, partido de la coalición oficialista. El senador Iván Cepeda quedó por fuera del debate desde la primera sesión en comisiones.
El impulso final quedará en manos del nuevo ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, que asumió funciones este mismo sábado. La plenaria del Senado anunció sesiones durante toda la semana para votar el proyecto.
