La Fundación Social Cordoberxia, organización no gubernamental que lidera la Plataforma Departamental de Derechos Humanos y el Observatorio de Derechos Humanos del Sur de Córdoba, emitió una serie de advertencias formales sobre las condiciones en que se desarrollaría la llegada de integrantes del Clan del Golfo, también autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, al municipio de Tierralta, prevista para el próximo 25 de junio.
Según el comunicado conjunto del 8 de mayo, el proceso contempla la instalación de al menos dos zonas de ubicación temporal para aproximadamente 400 hombres: una en Belén de Bajirá y otra en Tierralta, específicamente en el corregimiento de Palmira y el corredor hacia Cascajal, Tolobá y el Diamante, zona con conexión estratégica hacia el nudo del Paramillo.
Andrés Chica, coordinador general de la fundación, advirtió que recién llegados del territorio encontraron comunidades silenciadas bajo reglas impuestas por el Clan del Golfo, que incluyen restricciones a la vida cotidiana y prohibiciones para dialogar con instituciones. “Han limitado hasta cuántos perros puede haber en una casa”, señaló Chica como ejemplo del nivel de control ejercido sobre la población civil.
La organización también denunció ante la Fiscalía General de la Nación que, en los Grupos de Trabajo Municipales, espacios de diálogo derivados de los acuerdos de Doha, integrantes del Clan del Golfo habrían tomado vocería haciéndose pasar por representantes de la sociedad civil, silenciando a quienes intentaron denunciar la persistencia de extorsiones. Se registraron al menos dos casos en Tierralta y tres en Puerto Libertador.
A esto se suma un desplazamiento silencioso y progresivo de pobladores, así como un aumento en las amenazas, tendencias documentadas tanto por el Registro Nacional de Información para las Víctimas como por el SIECO de la fuerza pública.
Tierralta ya vivió dos procesos similares: la desmovilización de las AUC entre 2002 y 2006, y la de las FARC-EP, frentes 58 y 18, alrededor de 2016 y 2017. Para Cordoberxia, un tercer proceso exige garantías concretas de no repetición.
Desde la Fundación se hizo un llamado formal a la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior, así como al presidente Gustavo Petro, al gobernador de Córdoba Erasmo Zuleta y al alcalde de Tierralta, Jesús David Contreras, para que actúen de manera coordinada y garanticen condiciones dignas, seguras y con enfoque de derechos humanos antes del ingreso de los desmovilizados al territorio.
