Zoe tenía ocho años cuando fue diagnosticada con cáncer, vivía en una comunidad rural en Sastre y Ortiz, provincia de Santa Fe (Argentina), rodeada de campos que eran parte del paisaje y del sustento local. La rutina agrícola incluía aplicaciones frecuentes de agroquímicos, tanto aéreas como terrestres, a escasos metros de casas, escuelas y centros de salud. Cuando los síntomas se volvieron persistentes y los diagnósticos empezaron a repetirse en otras familias de la zona, la preocupación se convirtió en una acción legal, lo que comenzó como una demanda comunitaria desembocó, años después, en una decisión judicial que prohibió las fumigaciones terrestres con agroquímicos a menos de 1.000 metros de las áreas residenciales, la medida fue ratificada por la justicia provincial en segunda instancia, con base en evidencia médica y ambiental sólida.
Este caso no fue un episodio aislado, ni exclusivo de América del Sur, al otro lado del continente, en Estados Unidos, el debate sobre agroquímicos ha estado también en el centro de decisiones judiciales relevantes para el sector corporativo. La empresa Monsanto (hoy parte de Bayer) ha enfrentado miles de demandas en torno a su herbicida Roundup, cuyo principio activo es el glifosato. En varios de esos procesos, las Cortes Norteamericanas han concedido indemnizaciones a personas que desarrollaron cáncer tras años de exposición, en algunos casos reducidas posteriormente por apelación, pero con efectos significativos tanto legales como reputacionales, el nexo causal entre la exposición al agroquímico y la enfermedad ya no es el centro de la discusión, que algunos pretendan negarlo, es respetable cada quien ve lo que quiere ver y aun mas entiende lo que desea entender.
A su vez, Syngenta, fabricante del herbicida Paraquat, enfrenta desde hace años litigios en EE. UU. por la supuesta relación de su producto con enfermedades neurológicas como el Parkinson, la empresa continúa en conversaciones para llegar a acuerdos extrajudiciales en múltiples demandas que superan los 5.800 casos. Aunque cada contexto es distinto, estos antecedentes reflejan una realidad que las organizaciones responsables no pueden ignorar: los efectos de los agroquímicos en la salud y el ambiente ya no son un tema exclusivo de reguladores, se han convertido en materia judicial, social y estratégica.
Córdoba, en Colombia, podría ver esto como una señal lejana, pero no lo es. El departamento tiene una particularidad clave: ya cuenta con evidencia técnica acumulada sobre el uso de agroquímicos y sus posibles impactos. En 2023, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) publicó un estudio donde más del 15% de las muestras evaluadas en cultivos como arroz, yuca y plátano en zonas del Caribe —incluido Córdoba— presentaron residuos por encima de los niveles permitidos. Además, se identificaron casos de uso de productos no autorizados para ciertos cultivos, lo que representa un riesgo tanto sanitario como comercial.
A esa información se suman los estudios científicos realizados por universidades de la región, entre otros por ejemplo en el distrito de La Doctrina, municipio de Lorica, la Universidad de Córdoba ha documentado la presencia de plaguicidas en canales de riego y efectos medibles en la salud de poblaciones cercanas. La Universidad del Sinú y la UPB han desarrollado investigaciones complementarias en materia toxicológica, bioacumulación y afectaciones sobre cultivos y fauna. Estos trabajos llevan años disponibles en bibliotecas, repositorios académicos y congresos científicos, ahora bien, si alguien considera que este enfoque es excesivo, la invitación es sencilla y respetuosa: visite la biblioteca de las Universidades revise los informes y forme su propio criterio, o lo que mas fácil busque los distintos estudios en internet, ya muchos están en línea
En este contexto, Córdoba (Colombia) está a tiempo de actuar con enfoque preventivo, no se trata de replicar las rutas judiciales vistas en Argentina o en Estados Unidos, sino de integrar, a nivel institucional y empresarial, un marco de acción que permita anticiparse a escenarios complejos. El conocimiento ya existe. Lo que falta es convertirlo en decisiones.
Para el sector empresarial, este momento representa una oportunidad genuina de liderazgo, las cadenas de valor agrícolas, los exportadores, los gremios del agro y las empresas logísticas tienen la posibilidad de fortalecer sus sistemas de control, transparencia y monitoreo. Establecer protocolos exigentes en el uso y manejo de agroquímicos no es un obstáculo a la competitividad, al contrario es una inversión en continuidad operativa, acceso a mercados responsables y construcción de legitimidad ante comunidades, autoridades consumidores e inversionistas.
En muchos sectores de América Latina, el manejo de insumos químicos aún se considera una responsabilidad exclusiva del productor primario, no obstante esa visión está cambiando, las nuevas exigencias internacionales —como la Directiva de Debida Diligencia de la Unión Europea o las cláusulas de sostenibilidad en tratados comerciales— obligan a los actores empresariales a conocer, gestionar y reducir sus impactos ambientales y sociales a lo largo de toda la cadena.
No se trata de alarmar ni de imponer una agenda, se trata de entender que los casos judiciales citados no ocurrieron por azar, fueron la consecuencia directa de contextos donde la información estaba disponible, pero no se transformó a tiempo en acción regulatoria, empresarial o comunitaria.
El mensaje es claro: no se necesita una crisis para actuar con sensatez. La sostenibilidad ya no es solo un conjunto de compromisos éticos; es un activo estratégico, una herramienta de gestión de riesgos, una forma de proteger la reputación y la viabilidad futura de los negocios.
El caso de Zoe, en Argentina, muestra lo que sucede cuando los límites no se definen a tiempo, los litigios contra Monsanto y Syngenta reflejan lo que puede ocurrir cuando el conocimiento técnico no se traduce en decisiones prácticas. Córdoba, Colombia, tiene hoy una ventaja estructural: los estudios ya existen, los profesionales están formados, las alertas se han emitido.
En todo este escenario, lo que se espera no son culpables , sino capacidad de respuesta. Lo que se necesita no es señalar errores, sino activar liderazgos conscientes y efectivos, porque donde las políticas públicas llegan tarde, la justicia suele actuar. Pero cuando las organizaciones lideran, los conflictos pueden prevenirse.
¿Hace falta esperar que la justicia actúe?
