La Corte Constitucional analizará este jueves el expediente que mantiene suspendida la emergencia económica que el presidente Gustavo Petro decretó en diciembre de 2025.
El magistrado Carlos Camargo Assís, quien lideró la ponencia que frenó la norma en enero, ya presentó ante la Sala Plena su postura: quiere que el decreto sea declarado inexequible en su totalidad.
La suspensión se produjo el 29 de enero con seis votos a favor y dos en contra. Desde entonces, el Ejecutivo acumuló recursos jurídicos para revertir la medida.
La Presidencia radicó una solicitud de nulidad seis días después de la suspensión, y más de un mes más tarde se sumaron diecisiete oficinas asesoras del gabinete.
El argumento del Gobierno es que el fallo “desconoció la cosa juzgada” y “vulneró el principio de legalidad”, apoyándose en una sentencia de 1994.
El centro de estudios Dejusticia también presentó una nulidad, aunque desde una posición distinta: considera que tanto la emergencia como su suspensión son inconstitucionales.
El magistrado Camargo intentó declararse impedido para resolver ese recurso, dado que Dejusticia demandó su elección como togado en octubre de 2025. La Sala rechazó el impedimento el 11 de marzo.
En medio del debate jurídico, el sistema de salud se convierte en el factor que podría matizar la decisión final. La Procuraduría General, bajo la firma del procurador Gregorio Eljach, calificó como “urgente y necesario” preservar los recursos para la unidad de pago por capitación (UPC), el monto que el Estado transfiere a las EPS por cada afiliado. En 2025, ese rubro alcanzó $88,4 billones; para 2026, la proyección asciende a $101 billones.
Las EPS reportaron una siniestralidad del 109,5%, lo que representa un déficit de aproximadamente $5,95 billones. Tanto la Procuraduría como la Defensoría del Pueblo coinciden en que la emergencia es inconstitucional, pero advierten que sus efectos sobre la financiación de la salud deben preservarse.
El historial del Gobierno no favorece sus argumentos. En 2023, la Corte tumbó una emergencia económica en La Guajira, y en abril de 2025 declaró parcialmente inconstitucional la conmoción interior declarada en Norte de Santander y Cesar. La Sala tiene hasta el 16 de abril para emitir sentencia.
