La Defensoría del Pueblo rechazó los mensajes intimidatorios que han circulado en redes sociales contra el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, contra los funcionarios de la Registraduría y contra las instalaciones de esa entidad.
Según el organismo, esos contenidos promueven represalias y hechos de violencia, y se difunden desde cuentas anónimas. La entidad advirtió que aparecen en medio de acusaciones de fraude formuladas al margen de las instancias previstas para tramitar denuncias e inconformidades.
La Defensoría pidió a la Fiscalía General de la Nación adelantar las actuaciones que correspondan frente a las expresiones que puedan constituir delitos y que no estén amparadas por la libertad de expresión. Solicitó preservar la evidencia digital, establecer el origen de los contenidos e identificar a los posibles responsables.
A la Unidad Nacional de Protección le pidió evaluar o reevaluar el nivel de riesgo del registrador y de quienes trabajan en la entidad, con el fin de determinar las medidas de seguridad requeridas.
El organismo también instó a las plataformas digitales a moderar y retirar las publicaciones que constituyan amenazas o incitación a la violencia.
La Defensoría precisó que los cuestionamientos sobre los procesos electorales resultan legítimos en democracia, pero deben tramitarse por los mecanismos institucionales previstos para ello.
La entidad recordó además que quienes ejercen funciones públicas o cuentan con amplia visibilidad tienen una responsabilidad reforzada en el desescalamiento de los discursos que aumentan el riesgo para las personas.
