El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) movilizó a 117 reclusos de alto perfil hacia penales de máxima seguridad, por instrucción directa del presidente de la República, Abelardo Gabriel De La Espriella Otero. Todos ellos figuran en procesos de negociación de paz adelantados en distintas regiones del territorio nacional.
Los internos quedaron distribuidos en centros de reclusión de Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne.
Con la operación, el Gobierno Nacional busca reforzar la vigilancia intramural y elevar los estándares de seguridad en las prisiones. La finalidad expresa apunta a neutralizar cualquier posibilidad de que las estructuras criminales sostengan, dirijan o amplíen sus operaciones desde las celdas donde permanecen sus integrantes.
El traslado figura entre las primeras determinaciones que adopta el nuevo mandatario tras su posesión. La administración planteó tres propósitos con la medida: retomar el dominio permanente de los centros carcelarios, hacer cumplir la ley sin excepciones y garantizar que las decisiones de los jueces se materialicen de forma efectiva.
La Casa de Nariño señaló que ejercerá el manejo del sistema penitenciario con autoridad y ajustada al ordenamiento constitucional. Quienes conviertan los establecimientos de reclusión en cuarteles de operación delictiva enfrentarán las consecuencias legales correspondientes, advirtió la comunicación oficial.
La decisión marca un giro frente al manejo que la administración anterior otorgó a los voceros de paz recluidos, varios de los cuales gozaban de condiciones especiales mientras avanzaban las mesas de conversación con grupos armados ilegales.
