Las Fuerzas Militares pueden reanudar las operaciones aéreas contra grupos armados ilegales, aunque existan reportes de niños reclutados en los campamentos.
El Juzgado 34 de Familia de Bogotá levantó la medida cautelar que las suspendía y condicionó cada ofensiva a un estándar reforzado de precaución, según reveló EL TIEMPO.
Antes de autorizar un ataque, los mandos deberán depurar la inteligencia disponible, calcular el riesgo real para los menores y buscar alternativas que logren el mismo objetivo con menos daño.
La jueza prohibió presumir que un adolescente uniformado o presente en un campamento constituye un blanco legítimo. Cada caso requerirá un análisis individual bajo el Derecho Internacional Humanitario.
“La Constitución no obliga al Estado a escoger entre proteger a los niños y proteger a la sociedad, sino que le impone el deber de procurar ambos fines”, escribió la funcionaria.
Seguimiento y próximos pasos
La decisión ordena al ICBF fortalecer la atención a quienes abandonan las filas armadas y encarga la vigilancia a la Defensoría y la Procuraduría. Medicina Legal, la Justicia Penal Militar y el Congreso quedaron por fuera del proceso.
Las partes tienen pocos días para apelar. Sin impugnación, la Corte Constitucional revisará el caso. Tres tutelas más siguen pendientes en Popayán, San José del Guaviare y Cúcuta.
