La decisión del Gobierno de Gustavo Petro de decretar una emergencia económica tras el hundimiento de la reforma tributaria desató una ola de críticas desde diversos sectores.
Gremios empresariales, exministros, políticos de oposición y analistas coinciden en señalar que la medida carece de justificación técnica y representa un atajo institucional frente al fracaso legislativo.
El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, rechazó la posibilidad de esta figura. Mac Master señaló que Colombia no tiene condiciones para decretar una emergencia económica y criticó duramente el manejo presupuestal del actual gobierno.
Según el líder gremial, el gobierno “ha disparado el gasto del Estado a niveles nunca vistos”, con un aumento nominal del presupuesto superior al 50% durante los últimos tres años. Mac Master advirtió que el déficit fiscal y el endeudamiento aumentarán, elevando también los intereses.
El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo fue uno de los primeros en cuestionar la legalidad de la medida. El exfuncionario insistió en que la Constitución exige que una emergencia económica solo pueda declararse ante hechos imprevisibles e inesperados, condición que no se cumple en este caso.
Restrepo afirmó que el desfinanciamiento del Presupuesto, superior a 45 billones de pesos, era conocido desde el principio.
“El Gobierno no puede fabricar una emergencia económica para después decretarla”, sostuvo el exministro, quien agregó que presentar un marco fiscal sin los recursos necesarios no tiene sentido. Advirtió además sobre un “severo riesgo de declaratoria de inexequibilidad porque no cabe la figura en un momento como el que estamos viviendo”.
Luis Fernando Mejía, exdirector ejecutivo de Fedesarrollo, manifestó preocupación por el impacto que tendría la medida sobre la economía. En declaraciones recogidas por medios, Mejía dijo que una de las causas de la caída de la inversión es que hay “bandazos y señales” que ocasionan que no haya una estabilidad.
El economista advirtió que con la declaratoria de emergencia el Gobierno podría incluir muchos más artículos que los que hay actualmente en la ley de financiamiento rechazada. “Y ahí por supuesto que habrá mucha incertidumbre sobre cuáles serían los efectos”, mencionó.
Mejía también cuestionó las declaraciones del ministro de Hacienda sobre los supuestos impactos de la no aprobación de la reforma tributaria, señalando inconsistencias en los argumentos presentados.
La presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, rechazó el uso de poderes extraordinarios para resolver problemas fiscales estructurales. “El problema fiscal es grave, pero estructural y previsible, no ‘sobreviniente y excepcional’. Se originó en decisiones de gasto y deuda. Eso se corrige con política fiscal, no con poderes extraordinarios”, manifestó.
La organización empresarial considera esencial avanzar hacia una gestión más austera y responsable, concentrándose especialmente en el gasto de funcionamiento del Estado para proteger los recursos destinados a inversión productiva, generación de empleo formal y crecimiento empresarial.
