La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) respondió a las declaraciones de Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, divulgadas recientemente, en las que el excomandante de las Farc-EP afirmó ante el tribunal que existían criterios internos para garantizar el buen trato de los secuestrados y negó la práctica de torturas.
En la declaración, entregada durante una audiencia reservada el 14 de febrero de 2019, Londoño afirmó: “Había unos criterios unitarios de buen trato, buena comida. Incluso, si no había comida para uno, para el que estaba retenido se le debía garantizar la comida. Esas eran las líneas… la comida, el trato. Tortura no, jamás, es que ni internamente, golpear a alguien, las riñas incluso eran sancionadas internamente”.
Ante la divulgación de esos apartes, la JEP precisó que el Caso 01, dedicado a los secuestros cometidos por las Farc-EP, documentó hechos que contradicen que esa directriz se cumpliera de manera efectiva durante el cautiverio.
JEP documentó tortura y otros crímenes
La Sala de Reconocimiento de Verdad imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 63 exintegrantes de las Farc-EP por toma de rehenes y graves privaciones de la libertad. Entre ellos figuran los siete antiguos integrantes del Secretariado de esa organización.
Además, la Sala atribuyó otros crímenes internacionales relacionados con los secuestros, entre ellos tortura, trato cruel, inhumano y degradante de la dignidad humana, homicidio, desaparición forzada, desplazamiento forzado y violencia sexual.
Según la JEP, aunque dentro de las Farc-EP existía una norma que establecía pautas de “buen trato” para los cautivos, la investigación encontró que esa disposición no se aplicó en la práctica.
La jurisdicción señaló que los secuestrados quedaron bajo el control de los integrantes encargados de su custodia y enfrentaron diferentes formas de violencia durante el cautiverio.
“Aparte del secuestro, las víctimas fueron sometidos a todo tipo de vejámenes y de crímenes”, precisó la JEP.
La Sala agregó que su investigación permitió documentar por primera vez los delitos adicionales que sufrieron las personas secuestradas, más allá de la privación de la libertad.
