Las Zonas de Ubicación Temporal para el Clan del Golfo en Tierralta generan controversia entre autoridades cordobesas, quienes denuncian ausencia de socialización del proceso, incremento de extorsiones y temor a replicar fracasos de negociaciones anteriores.
La concentración de combatientes comenzará el 1 de marzo, exactamente siete días antes de las elecciones legislativas del 9 de marzo. Esta cercanía preocupa por la posible injerencia del grupo en asuntos políticos regionales.
El negociador gubernamental Álvaro Jiménez admitió en Colombia+20 de El Espectador, que “el ejercicio de violencia por parte de ese grupo no ha terminado” y reconoció preparación insuficiente con comunidades locales.
Una demanda ante el Consejo de Estado busca anular las zonas argumentando violaciones constitucionales. Los abogados Mauricio Pava Lugo y Nicolás Dupont Bernal sostienen que el Ejecutivo invadió competencias del Congreso, informó Infobae.
El gobernador Erasmo Zuleta criticó que el presidente Gustavo Petro firmó la resolución sin conversar previamente con la administración departamental ni la ciudadanía.
“Venga y cuéntenos a todos los cordobeses, empresarios, sectores sociales, a las víctimas, a los desmovilizados, de qué se trata ese diálogo”, reclamó el mandatario local.
Zuleta advirtió que las extorsiones no han disminuido, contrario a lo esperado. “A la fecha de hoy han aumentado y hay un subregistro en las denuncias”, manifestó.
El alcalde Jesús David Contreras expresó temor a repetir experiencias fallidas: “No queremos un nuevo Ralito, no queremos un nuevo Gallo”, señaló durante la mesa de Doha. Tierralta enfrentará su cuarto proceso de pacificación sin que las tres negociaciones previas con EPL, Autodefensas y FARC hayan materializado las inversiones comprometidas.
