Un magistrado con funciones de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 18 inmuebles que conformaron el denominado ‘Parqueadero Padilla’, lugar donde funcionó un centro financiero y logístico de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU).
La decisión, adoptada por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, cobija bienes avaluados en cerca de 18.000 millones de pesos, que pasarán al Fondo para la Reparación de las Víctimas. El predio original fue objeto de una división material que dio origen a 18 inmuebles independientes, sobre los cuales servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) materializaron las medidas cautelares.
Los predios corresponden al lugar en el que, el 30 de abril de 1998, investigadores del CTI realizaron un allanamiento en busca de un sitio donde, presuntamente, se fabricaban uniformes para grupos paramilitares. Durante la diligencia fueron hallados documentos, registros contables y equipos informáticos que evidenciaron la existencia del centro financiero y logístico de la estructura paramilitar que operó en Córdoba y Urabá.
Las investigaciones determinaron que ese centro habría sido dirigido por Jacinto Alberto Soto Toro, alias ‘Lucas’, señalado como uno de los hombres de confianza de los hermanos Castaño Gil, cabecillas de la organización armada ilegal que tuvo su origen y epicentro de operaciones en el departamento de Córdoba.
Con la entrega de estos bienes al Fondo para la Reparación de las Víctimas, la justicia busca resarcir a las personas afectadas por el accionar de esa estructura paramilitar.
