La Sección Segunda del Consejo de Estado ratificó la medida cautelar que mantiene suspendido el incremento del 23% al salario mínimo que el Gobierno Nacional fijó para este año.
Todo comenzó el 29 de diciembre de 2025, cuando el presidente Gustavo Petro firmó el Decreto 1469 y fijó el salario mínimo en 1.750.905 pesos, un aumento del 23% frente al año anterior.
Sumado al auxilio de transporte de 249.095 pesos, el total llegaba a dos millones de pesos, una cifra que el Gobierno llamó “salario mínimo vital” y que no se veía en Colombia desde los años 90.
El Gobierno justificó ese porcentaje en estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre lo que necesita un trabajador para vivir con dignidad. Pero ese argumento fue precisamente el que echó a perder el decreto ante la justicia.
¿Por qué lo bloquearon?
Varias personas y organizaciones demandaron el decreto argumentando que el Gobierno no usó los criterios que exige la ley para fijar el salario mínimo.
La Ley 278 de 1996 obliga a tener en cuenta datos concretos: la inflación, el crecimiento del PIB y la productividad laboral. Según el Consejo de Estado, el Gobierno no explicó de manera concreta y verificable cómo esos parámetros incidieron en el resultado del 23%.
En cambio, centró todo en el concepto de “salario vital” de la OIT, un estudio que además fue criticado por usar datos desactualizados.
El magistrado Juan Camilo Morales Trujillo analizó los argumentos de casi veinte demandas acumuladas y el 12 de febrero de 2026 firmó un auto de 63 páginas ordenando la suspensión provisional del decreto. Fue la primera vez en la historia que el Consejo de Estado suspendía los efectos de un decreto de salario mínimo.
El Gobierno tuvo ocho días para expedir un decreto transitorio. El 19 de febrero, el Ejecutivo presentó el Decreto 0159 de 2026, que mantuvo temporalmente el incremento mientras se adopta una decisión definitiva. Los ministros de Trabajo, Antonio Sanguino, y de Hacienda, Germán Ávila, firmaron ese documento dejando el salario en 1.750.905 pesos, el mismo monto que ya estaba vigente con el decreto suspendido.
El 13 de abril de 2026, el Consejo de Estado ratificó que la suspensión se mantiene. Un ciudadano llamado Óscar Enrique Soláez de la Hoz intentó que el tribunal echara atrás su propia decisión, pero el magistrado Morales Trujillo lo rechazó en un nuevo documento de nueve páginas.
El tribunal aclaró que no está definiendo cuánto debe subir el salario, sino que simplemente frenó el decreto del Gobierno hasta que la justicia decida si fue legal o no.
Esta incertidumbre afecta a cerca de 2,4 millones de trabajadores colombianos que devengan el salario mínimo, así como a quienes reciben prestaciones atadas a ese valor. El fallo definitivo no tiene fecha.
