El movimiento campesino que desde hace cinco días paraliza vías estratégicas de Santander dio este martes su primer giro positivo: representantes del Gobierno Nacional y líderes de la protesta alcanzaron un principio de acuerdo en Lebrija para revisar los avalúos catastrales rurales que detonaron la crisis.
La jornada no cierra el conflicto. El paro se mantiene en suspenso hasta que esta tarde, en Bucaramanga, funcionarios del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y el ministro del Interior, Armando Benedetti, se sienten con los voceros campesinos a concretar soluciones.
El origen de la movilización es la Resolución 2057 de 2025 del IGAC, que actualizó los avalúos catastrales en más de 527 municipios del país para la vigencia 2026. En Santander, los aumentos dispararon el valor de algunos predios de $200 millones a $2.600 millones, empujando a pequeños propietarios rurales a cargas tributarias impagables, incluido el impuesto al patrimonio.
Las consecuencias económicas del bloqueo acumulan cinco días de presión. Solo en Santander, la Alianza por Santander calculó pérdidas diarias de $120.000 millones.
El sector avícola reportó más de 10 millones de huevos represados y cerca de 1.500 toneladas de carne de pollo sin salida al mercado, mientras siete municipios enfrentaron riesgo de desabastecimiento de gas domiciliario.
El gobernador Juvenal Díaz Mateus acompañó a los líderes campesinos en la mesa de Bogotá el lunes y fijó su postura: la solución de fondo exige que el Gobierno Nacional suspenda los efectos de la Resolución 2057 y ordene a los IGAC regionales concertar nuevas resoluciones con los alcaldes.
Los manifestantes advirtieron que, si la reunión de este martes en Bucaramanga no entrega resultados concretos, los bloqueos viales regresan de inmediato.
