La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó nuevos acuerdos entre PDVSA y Chevron que transfieren a la petrolera estadounidense una participación operativa adicional del 13,21% en la empresa conjunta Petroindependencia S.A., elevando su control total al 49% de esa compañía, en un movimiento que sus críticos interpretan como la entrega de activos estratégicos del Estado venezolano a una corporación privada extranjera.
Rodríguez celebró los acuerdos como parte de la agenda energética del gobierno interino, afirmando que los ingresos generados se destinarán al bienestar de los venezolanos. Sin embargo, el alcance del acuerdo va más allá de una simple alianza comercial.
Según el anuncio oficial de Chevron, el intercambio de activos también otorga a la empresa conjunta Petropiar S.A., en la que Chevron posee el 30%, los derechos para desarrollar el área Ayacucho 8 en la Faja Petrolífera del Orinoco. A cambio, Venezuela recibe de Chevron sus participaciones en los bloques marinos de gas Plataforma Deltana 21 y 32 y una participación no operativa del 25,2% en Petroindependiente S.A. en el occidente del país.
El acuerdo se produce en un momento políticamente sensible: el expresidente Nicolás Maduro enfrenta cargos por narcoterrorismo en Nueva York, mientras Rodríguez administra Venezuela siguiendo, según analistas, las instrucciones del gobierno de Donald Trump, quien paradójicamente mantiene sanciones contra el régimen mientras sus empresas amplían su presencia en el petróleo venezolano.
