El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, encendió las alarmas frente al panorama que enfrentan dos de los principales generadores de regalías para el departamento: la minera Cerro Matoso y la gasífera Canacol Energy, cuyo desenlace amenaza con golpear la principal fuente de financiación de la inversión pública en el territorio.
La advertencia la hizo en el marco del lanzamiento de la alianza estratégica entre la Gobernación y la Universidad del Rosario para fortalecer la competitividad departamental, en la que Zuleta advirtió: “Si no fuera por las regalías que tiene el departamento de Córdoba, la gobernación habría que cerrarla porque no tendría recursos para hacer inversión de ningún tipo”.
El mandatario advirtió que incluso el Programa de Alimentación Escolar (PAE) se financia con regalías en el departamento, una situación que reconoció como impropia, pero que refleja el nivel de dependencia que tiene Córdoba sobre estos recursos.
En ese contexto, Zuleta calificó como “preocupante” el escenario actual del país y del departamento, particularmente por las decisiones que se están tomando en torno a estas dos operaciones de las cuales depende buena parte del recaudo cordobés.
El detonante de la crisis se conoció el pasado 28 de abril, cuando Canacol Energy presentó en Canadá, una solicitud para terminar de forma unilateral 19 contratos de suministro de gas con 12 empresas en Colombia, en el marco de un proceso de reestructuración organizacional.
Entre los contratos afectados está el que abastece a Cerro Matoso, operación que depende en un 80 % del gas natural provisto por Canacol para mantener funcionando sus hornos, que operan a temperaturas de 1.450 grados.
El presidente de Cerro Matoso, Ricardo Gaviria, advirtió que una eventual suspensión del suministro de gas paralizaría la operación de la mina ubicada en Montelíbano, considerada la más grande de níquel a cielo abierto en Sudamérica y la cuarta del mundo.
La empresa estima que un cese de actividades dejaría pérdidas para el Estado cercanas a $1.000 millones diarios en impuestos y regalías, y de hasta $3.000 millones diarios contando compras y suministros, además de daños estructurales en los hornos cuya reparación tomaría más de 10 meses y costaría entre $550.000 y $730.000 millones por equipo.
Las cifras dimensionan el peso que tiene Cerro Matoso para Córdoba y el país. Solo en 2025, la empresa transfirió al Estado $334.570 millones por concepto de regalías e impuestos, generó más de 2.000 empleos directos y contratistas, y destinó $10.600 millones a programas sociales en beneficio de 25 comunidades y más de 50.000 personas.
Se estima que cerca de 10.000 familias del sur de Córdoba dependen, de manera directa o indirecta, de la operación, equivalentes a cerca del 50 % de la población del territorio donde opera.
Por su parte, Canacol Energy aporta cerca del 7,5 % del abastecimiento nacional de gas, aunque su producción ha caído progresivamente en los últimos tres años, pasando de más de 200 millones de pies cúbicos diarios a 70 millones, en medio de su crisis financiera.
La terminación de los contratos no solo afectaría a Cerro Matoso, sino a distribuidoras como Gases del Caribe, Surtigas y Gases de La Guajira, con un eventual encarecimiento de tarifas para hogares e industrias de la Costa Atlántica.
Frente a este panorama, el gobernador Zuleta ya había hecho previamente un llamado al Gobierno Nacional y a las entidades competentes para que intervengan con “responsabilidad y celeridad”, al considerar que las decisiones alrededor de estos sectores productivos deben ofrecer garantías, estabilidad y confianza para los miles de cordobeses que dependen de ellos.
