El golpe llegó desde Canadá, un tribunal de la provincia de Alberta dio luz verde a Canacol Energy para deshacerse de 19 contratos de suministro de gas natural que la productora mantiene con empresas colombianas, una decisión que la propia compañía plantea como su única salida ante la falta de reservas para cumplir esos compromisos.
Doce firmas quedan expuestas, entre ellas distribuidoras que llevan gas a los hogares del Caribe y grandes industrias que lo necesitan para producir. Figuran Gases de La Guajira, Surtigas, Enel Colombia, Gases del Caribe, Promigás y Cerro Matoso, entre otras.
Esta última aparece como una de las más vulnerables. La minera de ferroníquel depende de Canacol para el 82 por ciento del gas que mueve su planta, y en semanas recientes denunció recortes y restricciones en las entregas.
Sin ese combustible, advirtió, tendría que frenar toda su actividad y apagar sus dos hornos, lo que ocasionaría averías estructurales sin retorno. Reactivarlos tomaría más de diez meses y costaría entre 550.000 y 730.000 millones de pesos por unidad.
¿Quién manda en esta disputa?
Cerro Matoso tiene 21 días para apelar en Canadá, pero el verdadero terreno de juego está en casa: la Superintendencia de Sociedades decidirá si el fallo extranjero tiene validez en el país, ponderando soberanía y seguridad energética.
Las cifras del riesgo son altas. Un cierre dejaría en el aire a más de 2.000 trabajadores, tocaría a unas 50.000 personas de 25 comunidades cordobesas y restaría al Estado cerca de 3.000 millones de pesos diarios en tributos y regalías. La empresa, con 44 años de operación, pidió actuar ya al Gobierno y a los ministerios competentes.
