Abelardo De la Espriella lanzó este jueves un ultimátum a los grupos armados ilegales del país durante el acto de entrega de su credencial como presidente electo, en el que el Consejo Nacional Electoral certificó su triunfo del 21 de junio.
El mandatario electo les fijó 30 días para preparar su sometimiento al Estado de derecho y descartó cualquier forma de negociación política con estas estructuras.
“A esas personas que están al margen de la ley, un mensaje categórico: disponen de un mes para entrar en razón y organizar su sometimiento al Estado de derecho. En mi Gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables como las que recibieron del régimen que está llegando a su fin”, declaró De la Espriella.
El anuncio pone en jaque la totalidad de los procesos impulsados por la administración Petro bajo la política de paz total, que incluyó diálogos con el ELN, las disidencias de las FARC y el sometimiento a la justicia de bandas como el Clan del Golfo, con resultados considerados escasos por analistas y sectores políticos.
Entre los acuerdos vigentes está la concentración de 400 integrantes del Clan del Golfo en una Zona de Ubicación Temporal en Tierralta, Córdoba, prevista precisamente para este 25 de junio.
La postura del presidente electo es consistente con lo planteado durante la campaña. De la Espriella sostuvo que la paz total fracasó y que en su Gobierno no habrá negociación política con criminales: el camino será el sometimiento a la justicia, con beneficios penales acotados y verificables, sin ceses al fuego sin verificación, sin zonas de despeje de facto ni levantamientos de órdenes de captura a cabecillas.
Analistas consultados por este medio señalan que el nuevo presidente no está obligado a continuar los diálogos heredados y que terminar las actuales mesas de negociación con el ELN, las disidencias u otros grupos no requeriría reforma legal alguna.
De la Espriella anunció además que quienes persistan en el terrorismo, el narcotráfico y la extorsión enfrentarán “toda la capacidad del Estado y la determinación inquebrantable” de la Fuerza Pública. La posesión presidencial está fijada para el 7 de agosto de 2026.
