El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, inició este jueves una agenda de acercamientos con las altas cortes luego de recibir su credencial como mandatario electo.
Durante una visita informal al Palacio de Justicia, el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Hugo Quintero Bernate, lo recibió junto al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo Abondano.
En el encuentro, De la Espriella manifestó su disposición de mantener una relación institucional con la Rama Judicial bajo el principio de colaboración armónica entre las ramas del poder público. La visita se desarrolló sin una agenda temática definida, según lo señalado desde la magistratura.
La jornada contempló reuniones con el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, la presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses, y el presidente del Consejo de Estado, Alberto Montaña, después de que el propio mandatario electo solicitara esos encuentros.
Antes del recorrido también sostuvo una conversación telefónica con la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Mary Lucero Novoa.
Durante la campaña presidencial, De la Espriella sostuvo que era un “hombre de leyes”. Tras conocerse su victoria electoral reiteró: “Soy un hombre formado en las leyes, respetuoso de la independencia de las ramas del poder”.
El acercamiento ocurre después de los desacuerdos registrados entre el Gobierno Nacional del presidente Gustavo Petro y la Rama Judicial por decisiones del Consejo de Estado relacionadas con actos del Ejecutivo.
En ese contexto, las altas cortes y la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial emitieron pronunciamientos en defensa del principio constitucional de separación de poderes.
Además del inicio de la relación institucional con las cortes, el próximo Gobierno tendrá incidencia en futuras designaciones dentro del sistema judicial.
Durante el periodo presidencial, De la Espriella presentará ternas para la elección del fiscal general de la Nación, del procurador general y de un magistrado de la Corte Constitucional, mientras los altos tribunales conservarán su función de revisar las normas y decretos que expida el Ejecutivo.
