La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró la exequibilidad del Decreto 150 de 2026, mediante el cual el Gobierno nacional declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica para atender las afectaciones del fenómeno meteorológico atípico registrado entre enero y febrero de 2026. La decisión fue adoptada por votación de ocho magistrados contra uno, con ponencia del magistrado Miguel Polo Rosero.
Sin embargo, el aval no fue pleno. La Corte acotó el ámbito territorial del estado de emergencia exclusivamente a los 181 municipios que, según reportes de la UNGRD, registraron afectaciones directas por el fenómeno, y a aquellos donde el Gobierno pueda demostrar afectación concreta. Adicionalmente, declaró inexequibles tres fundamentos del decreto: los relativos a la crisis financiera de empresas de servicios públicos de energía eléctrica, las facultades de la Agencia Nacional de Tierras en materia de deslinde y recuperación de baldíos, y los procesos de actualización de Planes de Manejo de Cuencas Hidrográficas.
La Corte también impuso condiciones al Gobierno sobre el manejo de los recursos: el Ministerio de Hacienda deberá recalcular el costo total de la emergencia; los fondos obtenidos bajo la emergencia deben administrarse en una cuenta absolutamente separada de otras fuentes con seguimiento permanente de los organismos de control; y el gasto solo puede destinarse a medidas directamente vinculadas con la fase de rehabilitación, no a acciones estructurales o de reconstrucción.
La Corte ordenó además al Gobierno y al Congreso incluir análisis de impacto climático en la preparación de futuros Planes Nacionales de Desarrollo, y exhortó al presidente a asegurar financiación permanente y creciente para el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
