Redacción. La Presidencia de la República, a través del Ministerio del Interior, designó a Gustavo Enrique García, como Gobernador adhoc, para hacer seguimiento minucioso a varios contratos de regalías, entre ellos cuatro convenios firmados con la Universidad del Sinú.
Lo anterior fue en respuesta a la solicitud del gobernador Edwin Besaile, quien se declaró impedido para conocer dichos asuntos, dado el lazo familiar de su esposa, la primera dama Roxana Zuleta, con la familia Bechara Zainúm, propietarios de dicha universidad.
El mandatario departamental dijo no poder pronunciarse al respecto ya que las actuaciones frente al particular serán de conocimiento del mandatario adhoc y de los entes de control.
Fue precisamente la Contraloría General, quien advirtió en un informe de auditoría, sobre la posible dilapidación del al menos $29.153 millones de pesos, del Sistema General de Regalías, destinados a financiar proyectos de ciencia y tecnología e innovación a través de convenios de cooperación.
En el informe, la contraloría cuestiona la subcontratación en la mayoría de los convenios y actividades de la Corporación Centro de Investigación y Enseñanza Agroecológica, cuyo representante legal es Jesús Henao Sarmiento, detenido como presunto autor intelectual del crimen del exdirector de regalías de Córdoba, Jairo Zapa Pérez.
La Contraloría advierte que dicha corporación se creó seis meses antes de suscribir los convenios y liquidada siete meses después, incumpliendo, cronogramas y avances de ejecución. El ente de control establece la inexistencia de soportes y evidencias sobre la ejecución de dichos dineros.
Entre los cooperantes de los convenios cuestionados por la Contraloría, están: Universidad del Sinú, Fundación Conservación y Desarrollo Forestal –CDF, Corporación de Áreas Naturales Protegidas –ANP, la Corporación de Investigación y Fomento Forestal –CONIF, la Corporación de Tecnologías Ambientales Sostenibles (CTAS) y la Fundación George Dahl.
En la actuación especial, la Contraloría señala que todos los cooperantes son idóneos, pero habrían delegado tareas a la cuestionada Corporación de Henao Sarmiento, entregándole cerca de $12 mil millones de pesos.
Además, la Contraloría advierte que algunos de los cooperantes se quedaron con parte de los recursos girados por la Gobernación de Córdoba.