“Consagra los derechos, garantiza la democracia”: Procuraduría y Defensoría celebran los 35 años de la Constitución de 1991

Gregorio Eljach e Iris Marín resaltaron el papel de la Carta Política en la ampliación de derechos y la democracia.
3 horas atrás
FOTO I La Razón.co

La Constitución Política de Colombia cumplió 35 años de vigencia, fecha que fue conmemorada por el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, y la defensora del Pueblo, Iris Marín, quienes destacaron el papel de la Carta Política en la consolidación de la democracia y la garantía de derechos fundamentales.

A través de su cuenta en la red social X, la Procuraduría General de la Nación resaltó que el texto constitucional “consagra los derechos, garantiza la democracia, promueve la participación y fortalece el Estado Social de Derecho”. La entidad subrayó que, durante estos 35 años, la Constitución se ha consolidado como un instrumento que impulsa el pluralismo, la igualdad, la justicia social, la paz y la separación de poderes.

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Por su parte, Iris Marín señaló que la Constitución de 1991 representa “un acuerdo democrático que ha permitido ampliar derechos, reconocer la diversidad en Colombia y consolidar caminos institucionales” para transformar conflictos y desigualdades históricas.

La defensora del Pueblo destacó avances en materia de igualdad de género, reconocimiento de la diversidad étnica, protección de la niñez y garantías para las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Además, resaltó que la Carta Política ha abierto espacios de participación ciudadana y protección ambiental.

Marín enfatizó que “la Constitución debe sentirse en la vida cotidiana de las personas en el acceso a la salud, la educación, la justicia”, así como en la protección de líderes sociales y en las garantías para la protesta y la libertad de prensa.

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La funcionaria hizo un llamado a “cuidar este acuerdo colectivo” y a rechazar cualquier forma de violencia o estigmatización, con el propósito de seguir construyendo un país donde la diferencia sea entendida como una riqueza democrática y no como un riesgo para la convivencia nacional.