La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes recibió oficialmente la investigación preliminar relacionada con la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, proceso que evidenció diferencias entre los tres congresistas encargados de adelantar las averiguaciones.
El representante Alirio Uribe, quien coordinó el triunvirato investigador durante cerca de dos años, presentó un documento en el que reconoce la existencia de irregularidades en la revisión realizada, aunque concluyó que no existen fundamentos para vincular penalmente al presidente Gustavo Petro.
La ponencia radicada por Uribe señala: “Se ordena proferir resolución inhibitoria en materia penal a favor de Gustavo Petro Urrego, en calidad de presidente, y abstenerse de abrir investigación formal en su contra por atipicidad de la conducta”. Con esta postura, el congresista propone no avanzar hacia una actuación formal contra el jefe de Estado.
La discusión tomó otro rumbo este miércoles cuando los representantes Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo presentaron un salvamento de voto en el que se apartan de esa conclusión y solicitan la vinculación formal del mandatario dentro del expediente.
Según el documento presentado por ambos legisladores, “El Triunvirato Investigador debe disponer de la vinculación formal al proceso del ciudadano Gustavo Francisco Petro Urrego, mediante la recepción de indagatoria”. Los congresistas consideran que existen elementos suficientes para avanzar hacia esa etapa procesal.
La sustentación del salvamento de voto cita el artículo 19 de la Ley 996 de 2005 para argumentar que el candidato presidencial conserva responsabilidad frente al manejo financiero de su campaña. El texto sostiene que dicha norma establece una responsabilidad solidaria junto con quienes administran los recursos y la gestión económica electoral.
Los representantes también indican que la delegación de funciones en el gerente, el tesorero y el auditor de campaña no elimina las obligaciones del candidato respecto a posibles anomalías detectadas en el manejo financiero.
Con la radicación de ambos documentos, la Comisión de Acusaciones deberá evaluar las posiciones enfrentadas sobre el futuro del proceso relacionado con la campaña presidencial de 2022.
