La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una alerta sobre las condiciones en que se ejerce el periodismo en Colombia, tras un proceso de documentación realizado en 34 municipios del país que evidenció un entorno de riesgo sistemático para la prensa.
Los datos del informe son concretos: el 24% de los medios de comunicación ha recibido amenazas directas exigiendo suspender coberturas y el 35% de los periodistas admite haber omitido información deliberadamente por razones de seguridad.
La Relatoría Especial de la CIDH señala que esta presión sostenida ha convertido la autocensura en un mecanismo de supervivencia extendido en la profesión, especialmente en zonas con presencia de grupos armados y economías ilegales.
El informe precisa que la violencia contra la prensa no se restringe a agresiones físicas. Las amenazas digitales y campañas de hostigamiento a través de plataformas como WhatsApp, Telegram y Facebook constituyen formas documentadas de intimidación, frente a las cuales la Fundación para la Libertad de Prensa señala que no ha existido una respuesta institucional eficaz.
La CIDH también advirtió que la presión sobre los periodistas proviene de actores institucionales. El documento recoge declaraciones de altos funcionarios, incluido el presidente Gustavo Petro, en las que periodistas han sido calificados como “desinformadores”, “mentirosos”, “criminales” y “muñecas de la mafia”. La Relatoría indica que este tipo de discursos puede legitimar represalias y el uso de mecanismos judiciales como formas indirectas de censura. Los casos de Rafael Prieto Zartha y Carlos Alberto Vélez son citados como ejemplos concretos de estigmatización promovida desde funcionarios locales.
Frente a las mujeres periodistas, el informe documentó ataques digitales dirigidos específicamente a silenciar voces femeninas. La Corte Constitucional, citada en el documento, ha reiterado que los discursos que constituyen violencia de género no están amparados por la libertad de expresión.
La CIDH concluye que la libertad de prensa en Colombia enfrenta una amenaza de carácter estructural que combina violencia directa, hostigamiento institucional y discriminación de género.
