El Centro Democrático instó a las autoridades a realizar una revisión integral del sistema de protección del Estado, incluyendo a la Unidad Nacional de Protección (UNP), los esquemas de seguridad y las agencias de inteligencia, luego de conocerse que la posible infiltración en el esquema de seguridad del senador y entonces precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay.
La colectividad señaló que la vulnerabilidad de un esquema de protección expone a la sociedad en su conjunto, y afirmó que la seguridad debe entenderse como una garantía colectiva.
El pronunciamiento se produjo después de que la Jueza Novena Penal del Circuito Especializado de Bogotá dictara condenas de 11 y 15 años de prisión contra Cristian Camilo González Ardila y Jhorman David Mora Silva, alias “El Caleño”, respectivamente, por su responsabilidad en la organización y ejecución del magnicidio de Uribe Turbay.
Tras el fallo, emitido el 20 de agosto de 2026, la firma Víctor Mosquera Marín Abogados informó que las autoridades avanzan en la verificación de información que sugeriría un eventual acceso de la estructura criminal a datos sobre los movimientos y el entorno de seguridad del entonces candidato. Según la representación jurídica, se evalúa la posible existencia de un contacto guardado bajo la denominación “escolta del senador” en el teléfono celular de uno de los integrantes de la organización criminal.
La firma de abogados precisó que estos hallazgos se encuentran en etapa de verificación formal y que, por ahora, no permiten atribuir responsabilidades penales definitivas ni afirmar la participación de miembros del esquema de protección. No obstante, insistió en la necesidad de actuar bajo un criterio de prevención dada la gravedad de la información, en línea con el llamado del Centro Democrático a fortalecer la revisión del sistema de protección estatal.
