La representante a la Cámara Carol Borda y la senadora Sara Castellanos presentaron una denuncia contra el expresidente Gustavo Petro ante la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, para que se investiguen los señalamientos sobre una presunta entrega de contratos estatales a cambio de favores sexuales.
El documento, radicado este 5 de noviembre, pide establecer si Petro habría utilizado las atribuciones de la Presidencia, su influencia sobre funcionarios o los procesos de contratación pública para obtener beneficios personales o favorecer a terceros. Las congresistas también solicitaron examinar si los hechos podrían configurar indignidad por mala conducta, una figura contemplada en el artículo 175 de la Constitución.
Dicha denuncia toma como punto de partida las declaraciones de Deicy Alejandra Jiménez, quien aseguró que habría recibido apoyo para acceder a contratos con entidades estatales a cambio de relaciones personales y prestaciones de índole sexual.
En el escrito, las congresistas hacen referencia a reportes periodísticos que identificaron contratos a nombre de Jiménez con el Senado, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior, entre 2021 y 2026. Según una publicación de Cambio citada en la denuncia, serían diez contratos por un valor aproximado de 133,56 millones de pesos.
Borda y Castellanos solicitaron revisar los expedientes contractuales, los estudios previos, los criterios de selección, los informes de supervisión y los pagos. También pidieron establecer quiénes participaron en cada proceso y si existieron recomendaciones, instrucciones o presiones para favorecer las vinculaciones.
Solicitan revisar el video y las pruebas digitales
La denuncia incorpora la grabación que Jiménez publicó el 4 de noviembre en sus redes sociales y que presentó como respaldo de sus declaraciones. Las congresistas solicitaron obtener el archivo original y someterlo a un análisis técnico para establecer su autenticidad, integridad, fecha de producción y contexto.
El documento advierte que esos aspectos no están acreditados mediante una pericia conocida y pide preservar la intimidad de las personas que aparecen en el material, así como restringir su divulgación fuera de las actuaciones judiciales.
Además, solicitaron recibir el testimonio de Jiménez, consultar las actuaciones que adelantan otras autoridades y obtener información de la Procuraduría, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia para coordinar las investigaciones.
Piden establecer si hubo uso de la investidura presidencial
Las congresistas plantearon que la Comisión examine si las conductas denunciadas podrían relacionarse con delitos como tráfico de influencias, concusión, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos, entre otras figuras que dependerán de las pruebas recaudadas.
El escrito también establece una distinción entre los hechos que Jiménez sitúa desde 2019, cuando Petro aún ejercía funciones legislativas, y aquellos que habrían ocurrido durante su Presidencia, entre agosto de 2022 y agosto de 2026. Según la denuncia, esa diferencia debe tenerse en cuenta para determinar la competencia de las autoridades.
Borda y Castellanos pidieron que la Comisión adelante las indagaciones y determine si existe mérito para presentar una eventual acusación ante el Senado por indignidad por mala conducta.
