Montería. SavviaLegal, una firma especializada en seguridad jurídica y la búsqueda de soluciones en conflictos socioambientales que afectan a comunidades, empresas y el medio ambiente, ya registra sus primeros logros en Colombia, actuando como puente mediador.
Los conflictos socioambientales surgen de la interacción entre las actividades económicas y el medio ambiente, generando diferencias entre distintos actores, como empresas, instituciones gubernamentales y comunidades. Colombia es el segundo país del mundo con mayores conflictos socioambientales, según un estudio de la Universidad de Barcelona.
Ante esta realidad, el abogado monteriano Javier de la Hoz, socio fundador de SavviaLegal, sostuvo que el objetivo de SavviaLegal es que las empresas puedan realizar sus actividades minimizando sus impactos, al tiempo que las comunidades se sientan protegidas y satisfechas.
Dos casos de intervención destacan como ejemplos de éxito en este enfoque. En el primero, SavviaLegal representó a una comunidad afectada por la actividad minera, que causó graves problemas de contaminación y afectaciones a la salud, incluso provocando muertes.
Gracias a una acción de tutela presentada ante la Corte Constitucional, se logró un fallo histórico que obligó a la empresa minera a realizar diversas acciones correctivas. Finalmente, se alcanzó un acuerdo satisfactorio para ambas partes, donde la comunidad se vio beneficiada y la empresa continuó sus actividades de manera responsable, considerando el factor social.
En otro caso, el equipo de SavviaLegal logró el levantamiento de la medida cautelar en contra de la licencia ambiental de una multinacional del sector minero-energético, que enfrentaba conflictos con las comunidades cercanas a sus operaciones.
Gracias a una gestión eficiente, se alcanzó un acuerdo entre la empresa y las comunidades, lo que permitió levantar la suspensión y evitar pérdidas millonarias para la compañía. Este logro ha sido reconocido por las comunidades involucradas, que recomiendan los servicios de la firma.
Estos casos demuestran que es posible llevar a cabo actividades económicas con impacto en el medio ambiente y las comunidades, siempre y cuando se planifiquen y desarrollen de manera adecuada, manteniendo una comunicación constante y un trabajo colaborativo en el que todos los involucrados salgan beneficiados.
