@javierdelahoz20
El pasado 11 de noviembre, Barranquilla registró una sensación térmica de 52 grados centígrados, en los barrios con pocas sombras, calles de cemento y techos de zinc que acumulan el calor hasta bien entrada la noche, el mediodía se volvió una prueba de resistencia, el dato circuló como curiosidad en redes y noticieros, pero detrás hay algo mucho más serio, el calor extremo es uno de los efectos del cambio climático que menos se ve, porque no derrumba casas ni arrastra puentes, actúa en silencio y se concentra en quienes tienen menos con que defenderse de sus efectos. La exposición prolongada a temperaturas extremas se asocia con mayores riesgos para la salud de adultos mayores, niños pequeños, personas con enfermedades crónicas y trabajadores que pasan la jornada a la intemperie; el vendedor ambulante, el obrero de la construcción, el mototaxista.
Esta discusión ya llegó a los tribunales, y no precisamente fue en el Caribe Colombiano. En abril de 2024, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió el caso de la asociación KlimaSeniorinnen contra Suiza, un grupo de mujeres mayores de 64 años sostuvo que las olas de calor, cada vez más frecuentes por el cambio climático, afectaban de manera particular su salud y su vida, y que el Estado no había hecho lo suficiente para enfrentarlo, el Tribunal les dio la razón, concluyó que Suiza había vulnerado el derecho al respeto de la vida privada y familiar, previsto en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, por no adoptar a tiempo medidas adecuadas frente a la crisis climática, fue la primera vez que ese tribunal declaró responsable a un Estado por su inacción climática.
Me resulta inevitable preguntarme; Si unas mujeres de un país con inviernos nevados lograron que un tribunal internacional reconociera que el calor amenazaba sus derechos, la situación de los adultos mayores que en Barranquilla soportan 52 grados de sensación térmica, en barrios sin árboles ni sombra, merece por lo menos la misma atención.
En 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la Opinión Consultiva OC-32, sobre emergencia climática y derechos humanos, por unanimidad, concluyó que los Estados deben destinar el máximo de recursos disponibles para proteger a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad expuestos a los impactos más severos del cambio climático, y que deben adoptar medidas diferenciadas para garantizarles una igualdad real frente a esos riesgos. Esa opinión fue solicitada por Chile y por Colombia, semanas después, la Corte Internacional de Justicia, en su opinión consultiva de julio de 2025, recordó que las obligaciones climáticas de los Estados se rigen por un estándar de debida diligencia, a esto se suma el Acuerdo de París, aprobado por Colombia mediante la Ley 1844 de 2017, cuyo artículo 7 orienta la adaptación hacia la atención de los grupos y comunidades más vulnerables.
El artículo 13 de la Constitución obliga al Estado a proteger especialmente a quienes se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta, los artículos 79 y 80 consagran el derecho a un ambiente sano y el deber de planificar el manejo de los recursos naturales para prevenir el deterioro ambiental, la Ley 1931 de 2018 estableció las directrices para la gestión del cambio climático e impuso a departamentos y municipios el deber de incorporarlo en sus instrumentos de planeación, incluidos los planes de ordenamiento territorial, la Ley 2169 de 2021 fijó metas de acción climática de mediano y largo plazo, y desde 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia reconoció los derechos de las generaciones futuras frente a la deforestación de la Amazonía, la jurisprudencia colombiana dejó claro que la omisión del Estado en materia climática puede ser objeto de control judicial.
El problema no es la ausencia de normas, es que el calor todavía no ocupa en la planificación el lugar que ya ocupa en la vida de las personas. Los planes de contingencia frente a al fenómeno del Niño suelen concentrarse, y con algo de razón, en el abastecimiento de agua, los incendios forestales y la producción agropecuaria, rara vez incluyen protocolos específicos para proteger a la población más expuesta a las altas temperaturas, y los planes de ordenamiento territorial siguen tratando la arborización, la sombra en el espacio público o los materiales de construcción como asuntos de embellecimiento , cuando en realidad son decisiones de adaptación climática ligadas a asuntos de salud pública.
Barcelona, en España, organizó una red de refugios climáticos en bibliotecas, escuelas y equipamientos públicos donde cualquier persona puede resguardarse en los días de calor extremo, otras ciudades europeas activan alertas sanitarias por temperatura, con protocolos para visitar a adultos mayores que viven solos, no son medidas costosas ni sofisticadas, responden a una decisión de política pública; reconocer que el calor es un riesgo y que no golpea a todos por igual.
En el Caribe colombiano, ese enfoque podría traducirse en acciones concretas y alcanzables, un sistema de alerta temprana por calor que incluya recomendaciones diferenciadas para poblaciones vulnerables, la identificación de las zonas urbanas donde el calor se acumula más, que suelen coincidir con los barrios de menores ingresos y menor cobertura vegetal, metas de arborización incorporadas como determinantes en el ordenamiento del territorio, y no solo como campañas de siembra, horarios y condiciones de protección para quienes trabajan al aire libre y espacios públicos frescos, abiertos a quien los necesite en las horas críticas. Las empresas de la región, que también ven afectada la productividad y la salud de sus trabajadores, tienen un papel importante en este esfuerzo.
Las proyecciones climáticas anticipan que estos episodios serán cada vez más frecuentes e intensos en el Caribe, cada temporada obligará a definir quién soporta el costo de adaptarse, y si la respuesta sigue siendo que lo asumen, en silencio, los más viejos, los más pobres y los que trabajan bajo el sol, apague y vámonos.
Durante décadas, el derecho asoció el desastre con lo súbito, la avalancha, el deslizamiento, la creciente que nadie vio venir, sobre esa idea se construyó buena parte de la noción de fuerza mayor, que exige un hecho imprevisible e irresistible para eximir de responsabilidad, el calor extremo desafía esa lógica, es un daño lento, medido por las autoridades, anunciado por los pronósticos y documentado por la ciencia.
Lo que se puede prever no puede alegarse luego como sorpresa, a medida que el riesgo climático se vuelve conocido y cuantificable, la falta de respuesta deja de explicarse como una fatalidad de la naturaleza y empieza a examinarse como el incumplimiento de un deber de protección. Ese camino que los tribunales europeos e interamericano iniciaron, será muy pronto uno de los grandes debates del derecho ambiental y climático, y el Caribe colombiano, por su exposición, está llamado a ser uno de sus escenarios principales.
