Por Raúl Antonio Aldana Otero
Existe una tendencia cada vez más frecuente a considerar que los problemas sociales y culturales se resuelven mediante prohibiciones. Bajo esa lógica, el Estado termina reemplazando la deliberación por la imposición, como si legislar sobre una práctica fuera suficiente para transformar las costumbres, las mentalidades y los comportamientos de una sociedad.
La Ley 2385 de 2024, que establece la prohibición de las corridas de toros y otras prácticas taurinas en Colombia, abre una discusión que va mucho más allá del bienestar animal. La pregunta de fondo es si corresponde al Estado decretar la desaparición de determinadas expresiones culturales o si, por el contrario, debería confiarse en la capacidad de la sociedad para decidir, mediante la educación, el debate público y la evolución de sus valores, cuáles tradiciones tienen futuro y cuáles deben desaparecer.
No se trata de negar la legitimidad de las preocupaciones sobre el sufrimiento animal ni de defender que todas las tradiciones deban perpetuarse. Se trata de cuestionar que una prohibición legislativa sea considerada, por sí misma, una expresión de progreso. Una sociedad no se transforma simplemente porque una ley elimine una práctica; se transforma cuando sus ciudadanos desarrollan nuevas convicciones y modifican conscientemente sus comportamientos.
En municipios como Sahagún y en buena parte de la región Caribe, las corralejas tienen una dimensión cultural y económica que no puede ignorarse. Alrededor de ellas participan músicos, bandas, ganaderos, comerciantes, transportadores, vendedores informales y numerosas familias cuyo sustento depende, directa o indirectamente, de estas festividades. Algo semejante ocurre con las peleas de gallos en territorios donde mantienen arraigo popular.
Por eso, cualquier decisión sobre estas manifestaciones debería partir de una comprensión integral de sus implicaciones. ¿Se escuchó suficientemente a las comunidades involucradas? ¿Se evaluó el impacto sobre las economías locales? ¿Qué alternativas laborales se ofrecen a quienes perderán sus fuentes de ingreso? Una política pública responsable no puede limitarse a establecer qué actividades desaparecen; también debe explicar cómo se atenderán las consecuencias de esa decisión.
Aquí aparece una contradicción importante: se invoca el progreso para justificar la eliminación de determinadas prácticas, pero se corre el riesgo de desconocer las realidades económicas, culturales y territoriales de las comunidades afectadas. Una legislación que no incorpora esas dimensiones puede producir una victoria normativa, pero no necesariamente una transformación social justa.
Además, existe un asunto de fondo que merece atención: ¿hasta dónde debe llegar el poder del Estado en la regulación de las costumbres? En una democracia pluralista, las mayorías y las corrientes culturales dominantes no deberían convertir automáticamente sus preferencias morales en mandatos para todos. Las restricciones de derechos pueden ser legítimas, pero deben responder a razones constitucionales suficientes, ser proporcionales y considerar los derechos e intereses en juego. La voluntad de una mayoría, por sí sola, tampoco resuelve todos los dilemas.
Mi planteamiento es que la sociedad debe tener un papel protagónico en la evolución de sus tradiciones. Si mediante la educación, la discusión ética y el cambio generacional los ciudadanos llegan a considerar que las corralejas, las peleas de gallos y las corridas de toros ya no tienen lugar en su modelo de convivencia, su desaparición será una consecuencia de esa evolución cultural. Lo importante es que el cambio no se confunda con la simple imposición de una visión particular del mundo.
Esto no significa que la deliberación social pueda sustituir las obligaciones constitucionales del Estado ni que cualquier tradición esté exenta de límites. Significa que la regulación debe ser razonada, proporcional y sensible a las realidades de cada territorio, en lugar de presentar la prohibición como una solución automática.
Las tradiciones no son inmutables, pero tampoco son realidades que puedan borrarse sin comprender su significado y sus consecuencias. El verdadero progreso exige educación, argumentos, participación ciudadana y alternativas para quienes resultan afectados. No basta con prohibir una actividad: también hay que construir las condiciones sociales y económicas para que la transformación sea viable.
La pregunta, entonces, no es simplemente si estas prácticas deben continuar o desaparecer. Es quién debe protagonizar ese proceso, cómo debe desarrollarse y con qué responsabilidad se deben asumir sus consecuencias.
Que sea la sociedad, en su devenir histórico, la que determine qué tradiciones conserva, transforma o deja desaparecer, dentro del respeto a los derechos y al orden constitucional.
Porque prohibir puede ser una decisión rápida; transformar una cultura exige tiempo, educación, convencimiento y responsabilidad. Y una democracia no debería confundir la capacidad de imponer una norma con la capacidad de transformar una sociedad. Prohibido prohibir.
