El presidente Abelardo de la Espriella firmó la Ley de Sometimiento a la Justicia, iniciativa que establece las condiciones para que integrantes de grupos armados ilegales y estructuras criminales abandonen sus actividades delictivas y respondan ante la justicia.
De la Espriella publicó un video del momento de la firma, en el que estuvo acompañado por el ministro de Justicia, Iván Cancino, y el secretario jurídico de la Presidencia. En la grabación, el jefe de Estado agradeció al ministro por su gestión durante el trámite legislativo y a los congresistas que respaldaron el proyecto.
“Con la sanción de esta ley se acaba formalmente la falsa paz. Estoy feliz de firmar esta ley y de hacer lo correcto”, manifestó el mandatario.
En un mensaje publicado en su cuenta de X, el presidente sostuvo que la norma establece obligaciones para quienes busquen acogerse a sus disposiciones. Entre ellas mencionó la confesión de los delitos, la reparación a las víctimas, la entrega de los bienes obtenidos ilegalmente y la colaboración con la justicia.
“El que delinquió tiene que pagar“, escribió De la Espriella, quien también afirmó que la ley no contempla privilegios ni impunidad para los integrantes de organizaciones criminales.
Durante el video, Cancino explicó que las personas que pretendan obtener los beneficios deberán cumplir las condiciones fijadas en la ley y aportar información verificable sobre sus actividades y las estructuras a las que pertenecen. Según explicó, también tendrán que entregar información sobre posibles vínculos de corrupción con funcionarios públicos y políticos.
La Ley de Sometimiento fue aprobada por la Cámara de Representantes con 95 votos a favor y 10 en contra, después de que el Senado la respaldara con 57 votos positivos y 24 negativos. La Cámara acogió el texto aprobado por el Senado, por lo que no fue necesaria una conciliación.
La norma contempla reducciones de hasta el 50 % de las penas para integrantes rasos y de hasta el 30 % para quienes hayan ejercido funciones de mando, con una condena mínima de diez años para estos últimos. Los beneficios dependen del cumplimiento de las obligaciones establecidas y del sometimiento individual ante la justicia.
