El ministro de Justicia y del Derecho, Iván Alfonso Cancino González, solicitó a la fiscal general Luz Adriana Camargo verificar e investigar penalmente los hechos denunciados públicamente sobre unas reuniones realizadas en Valledupar en octubre de 2025 con antiguos jefes paramilitares.
La petición quedó consignada en un oficio fechado el 19 de octubre de 2026, en el que el ministro pidió determinar qué ocurrió, quiénes participaron y cuál habría sido el propósito de esos encuentros. Cancino aclaró que la solicitud no parte de asumir como ciertos los señalamientos publicados.
El documento recoge las declaraciones de la exdirectora del DAPRE Angie Rodríguez, la columna El Pacto de Valledupar, de Melquisedec Torres, publicada en El Colombiano, y las declaraciones del abogado Juan Carlos Villamizar, asesor de Salvatore Mancuso, quien afirmó haber presenciado los encuentros.
Según el relato de Rodríguez citado por el Ministerio, se le habría encomendado coordinar una reunión con antiguos jefes paramilitares y el propósito habría sido obtener declaraciones contra Álvaro Uribe Vélez, Abelardo de la Espriella y el fallecido exvicepresidente Germán Vargas Lleras.
Torres ubicó los encuentros entre el 22 y el 24 de octubre de 2025 y mencionó como posibles declarantes a Saúl Alfonso Severini Caballero, Darío Laíno Scopetta y Héctor Germán Buitrago, alias ‘Martín Llanos’. También hizo referencia a supuestos ofrecimientos de beneficios judiciales, entre ellos el ingreso a la JEP, una eventual libertad o mejores condiciones de reclusión para un familiar de uno de los exjefes paramilitares.
Por su parte, Villamizar sostuvo que las reuniones fueron convocadas para tratar la reapertura del proceso de Ralito, pero que durante los encuentros se habría pedido a los exjefes paramilitares declarar contra las tres personas mencionadas. Según su versión, Rodríguez y el entonces asesor presidencial Víctor de Currea Lugo llevaron esa solicitud y los exparamilitares se negaron.
Fiscalía deberá establecer qué ocurrió
Cancino pidió determinar si las reuniones efectivamente ocurrieron, quién las convocó, de quién provenían las instrucciones y cuál era su finalidad. También solicitó establecer si hubo presiones o promesas de beneficios, traslados, libertades o mejoras penitenciarias a cambio de declaraciones previamente acordadas o contrarias a la verdad.
El ministro pidió además verificar si se promovieron denuncias, declaraciones o pruebas falsas, y si se utilizaron recursos públicos, cargos oficiales o mecanismos de justicia transicional para fines distintos a los permitidos por la ley.
Otro punto solicitado es establecer si estos hechos ya hacen parte de una indagación que, según información citada en el oficio, adelanta la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía, o si corresponde abrir una línea investigativa específica.
Cancino señaló que, dependiendo de lo que logre establecer la investigación, la Fiscalía deberá evaluar la posible configuración de delitos como falsa denuncia, falso testimonio, soborno, soborno en la actuación penal o fraude procesal.
