La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal Rojas por los hechos ocurridos durante las movilizaciones del pasado 14 de octubre en Bogotá, en los que la congresista apareció junto a una menor de edad frente a los manifestantes.
La decisión fue adoptada por la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría, que vinculó formalmente a Carrascal al proceso para establecer si incurrió en una posible conducta disciplinaria relacionada con la utilización, instrumentalización e inducción de la niña para que pronunciara expresiones ofensivas contra el presidente de la República.
El expediente se originó en una queja presentada el 15 de octubre por el concejal de Medellín Santiago Perdomo Montoya ante la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista, con copia a la Procuraduría y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Según los antecedentes incorporados al proceso, Carrascal participó públicamente en las movilizaciones del 14 de octubre y posteriormente comenzó a circular en redes sociales un video en el que aparece junto a una niña de aproximadamente siete años frente a un micrófono.
El documento señala que la congresista se acercó al oído de la menor y le habría dicho algo en voz baja. Después, la niña repitió consignas ante los asistentes, incluida una expresión ofensiva contra el presidente de la República.
La Procuraduría indicó que los hechos podrían constituir un desconocimiento de las normas constitucionales y demás disposiciones relacionadas con la protección de los derechos de niños y niñas, particularmente aquellas que establecen su defensa y cuidado y prohíben su instrumentalización para la comisión de actos ilegales.
Procuraduría ordena recopilar pruebas
Como parte de la investigación, el organismo de control ordenó a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales ubicar y asegurar las grabaciones disponibles en fuentes abiertas sobre los hechos. También deberá recopilar pronunciamientos que permitan identificar a la menor, sus padres o familiares responsables, así como las explicaciones sobre la exposición pública y mediática de la niña.
El ICBF deberá informar si ha iniciado alguna actuación relacionada con el caso y, de ser posible, aportar información que permita identificar a la menor y a sus padres o familiares.
Una vez identificada, la niña podrá rendir declaración conforme a las normas aplicables a este tipo de testimonios. También se prevé recibir declaraciones de sus padres, familiares o adultos que tengan o hayan tenido su custodia y cuidado.
La Procuraduría solicitará además información a la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer.
