En una oficina del Departamento de Protección Ambiental de Nueva York, alguien encontró, a comienzos de 2025, sesenta y ocho cajas que llevaban años esperando ser abiertas, no era un archivo cualquiera; eran los expedientes que sobrevivientes, socorristas y familias de víctimas del 11 de septiembre, ese terrible, doloroso y demencial ataque a las torres gemelas llevaban más de dos décadas exigiendo a través de solicitudes formales de información que la ciudad, una y otra vez, decía no poder entregar, las cajas llenas de información ambiental habían estado ahí todo el tiempo.
Esta misma semana, el 8 de septiembre, a solo tres días del vigésimo quinto aniversario de los atentados, la alcaldía de Nueva York convocó a un salón lleno de familiares y sobrevivientes para mostrar lo que esas cajas, y otras 170.000 páginas de registros municipales contenían. Entre ellas, un documento que resume mejor que cualquier otro la diferencia entre lo que la ciudad sabía y lo que le dijo a sus ciudadanos; la entonces administradora de la Agencia de Protección Ambiental había declarado que el aire de Manhattan era “seguro para respirar”.
Habían pasado veinticinco años, la pregunta que Nueva York apenas empezaba a responder no era qué ocurrió aquel martes de 2001, sino qué sabía su propio gobierno mientras miles de personas respiraban lo que les habían asegurado que era aire limpio luego de ese demencial acto terrorista.
Los documentos, ahora públicos en un portal creado para tal fin, muestran algo más preciso que una simple sospecha, memorandos internos de octubre y noviembre de 2001 registran mediciones que detectaban, de forma reiterada, niveles elevados de asbesto y de otros químicos de difícil detección, pero de toxicidad probada. Un congresista que representaba a la zona escribió, meses después, a la oficina del entonces alcalde advirtiendo que la agencia federal responsable había desatendido su obligación de monitorear la calidad del aire en los edificios cercanos, investigadores universitarios documentaron concentraciones de partículas ultrafinas capaces de alojarse profundamente en el tejido pulmonar, nada de esto era incertidumbre técnica, era información disponible, que no llegó a quienes más la necesitaban.
Hace un año, al escribir sobre este mismo episodio con ocasión de su vigésimo cuarto aniversario, planteé que lo ocurrido en 2001 no constituyó un encubrimiento sistemático, sino una decisión política condicionada por la urgencia de estabilizar una ciudad en shock, los documentos que hoy se conocen matizan esa lectura. La distancia entre “decisión apresurada” y “ocultamiento sostenido durante más de veinte años” no es de semántica, es la diferencia entre un error de gestión de crisis y una falla continuada en el deber de informar, prolongada a través de administraciones sucesivas que optaron por litigar antes que informar claramente, reconocerlo no debilita el análisis original; lo actualiza, que es exactamente lo que debe hacer el derecho cuando aparece evidencia nueva.
El derecho ambiental ha construido, con el paso del tiempo, un cuerpo normativo y jurisprudencial sobre la responsabilidad del Estado por omisión; no solo responde quien contamina, sino quien, conociendo un riesgo cierto para la salud pública, decide no comunicarlo. En el contencioso administrativo colombiano, esa figura tiene nombre propio, la falla del servicio por omisión, no se necesita que la autoridad haya causado el daño con sus propias manos; basta con que haya incumplido su deber de actuar o de informar frente a un peligro que ya conocía. Lo que revelan estos archivos es, en el fondo, una expresión clara de lo que esa figura busca sancionar, la administración sabía, tenía cómo comunicarlo, y prefirió el silencio. No es solo una falta técnica de gestión pública; es el incumplimiento de algo más simple y más grave, el deber de decirle la verdad a la ciudadanía cuando su salud puede correr peligro.
Para América Latina, y en particular para las ciudades costeras y portuarias que conviven a diario con refinerías, terminales petroleros y zonas de alta actividad industrial, por ejemplo, la lección no es abstracta. Barrancabermeja, Cartagena, Santa Marta o cualquier centro urbano cercano a una planta química comparten con el Bajo Manhattan de 2001 una misma vulnerabilidad estructural, la información técnica sobre calidad del aire, del agua o del suelo suele producirse, pero no siempre llega a tiempo, o de forma completa a quienes deben tomar decisiones sobre su propia salud. La evidencia epidemiológica sobre exposición a contaminantes industriales se asocia, de forma consistente, con mayores tasas de enfermedad respiratoria crónica en poblaciones cercanas a estos complejos. La pregunta que cabe hacerse no es si puede ocurrir un episodio semejante en la región, sino si existen hoy los protocolos y la voluntad institucional para que la respuesta no tarde veinticinco años.
Lo interesante del caso neoyorquino es que la reparación no llegó por un cambio de conciencia espontáneo, sino por la persistencia de organizaciones de víctimas que durante dos décadas insistieron en su derecho a saber, hasta que un tribunal calificó como arbitraria la negativa de la ciudad a entregar sus propios documentos. Ese es, quizás, el hallazgo más útil de toda esta historia, la transparencia ambiental rara vez es un acto de generosidad institucional, por el contrario casi siempre es el resultado de que alguien, durante años, se negó a dejar de preguntar y persistió.
Hay una verdad que estos archivos confirman, ninguna urgencia, por legítima que parezca en el momento, justifica sacrificar la información que la ciudadanía necesita para protegerse a sí misma. Las instituciones que administran el riesgo ambiental cargan con una responsabilidad que trasciende los ciclos políticos y las prisas del momento; es, en el fondo, un deber de fidelidad hacia quienes confían en que se les dirá la verdad, aunque llegue tarde.
Nueva York tardó veinticinco años en abrir esas cajas, la pregunta que le queda a cualquier ciudad que conviva con un riesgo industrial similar es si está dispuesta a esperar tanto para hacer lo mismo, o si puede aprender a tiempo la lección que ya le costó tan caro a otros.
