El Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá suspendió dos publicaciones oficiales de la Presidencia de la República mientras crecen las críticas contra el presidente Abelardo de la Espriella por la difusión de imágenes de los cuerpos embolsados de los abatidos en operativos militares.
El juez Osnaider Fontecha firmó un auto de cuatro páginas con esa orden. El documento cobija tanto al mandatario como al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), entidad responsable de las cuentas oficiales en redes sociales.
Los contenidos suspendidos corresponden al 2 y al 4 de septiembre. Ambos surgieron tras operaciones militares que dejaron muertos a presuntos integrantes de grupos armados ilegales.
La decisión responde a una tutela que exige la eliminación definitiva de ese material. Fontecha calificó la medida como transitoria: “Mientras se determina si las publicaciones objeto de reproche pueden catalogarse como violentas o explícitas y, por tanto, ser susceptibles de generar una afectación de esa naturaleza, resulta necesario adoptar medidas de carácter transitorio”.
La controversia judicial se suma a un cuestionamiento previo desde la Defensoría del Pueblo. La defensora Iris Marín Ortiz reaccionó tras conocerse un video del Ministerio de Defensa en el que el presidente camina entre los cuerpos embolsados de 23 presuntos disidentes de las FARC, abatidos en un operativo en el Guaviare.
Marín Ortiz fue enfática: “No es una competencia por quien puede ser más cruel”. La funcionaria añadió que la autoridad presidencial “se afirma cuando enfrenta con decisión a quienes amenazan a la población, pero conserva los límites que impone la Constitución, la ley y, sobre todo, la humanidad”.
El senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, sumó su propio reproche. “Se pasea entre las bolsas con los cadáveres. Casi los pisa con desprecio. Se dice cristiano, pero en realidad es un ser sin escrúpulos y sin el más mínimo sentido de humanidad”, escribió.
De la Espriella asumió la Presidencia el 7 de agosto de 2026. Desde entonces ha impulsado una política de mano dura contra el ELN y las disidencias de las FARC, con énfasis en bombardeos y ofensivas militares.
El Gobierno Nacional no se ha pronunciado sobre la decisión judicial ni sobre los reparos de la Defensoría y la oposición.
