La Asociación de Epidemiología de Colombia (Asocepic) instó a fortalecer la evidencia sobre los efectos del impuesto a las bebidas azucaradas y los ultraprocesados, así como del etiquetado frontal tipo octágono, antes de considerar su eliminación, luego de que la representante Carol Borda, junto con el representante Daniel Briceño, anunciara un proyecto de ley para eliminar la medida.
Según el gremio, en países de la región como Chile, México y Perú, los impuestos saludables y el etiquetado han producido cambios medibles en las decisiones de compra y consumo, e incluso han incentivado la reformulación de productos en algunos contextos. La asociación citó el caso de Chile, primer país en aplicar el paquete completo desde 2016, donde la población comenzó a comprar 8,3% menos calorías y 20% menos azúcar, además de que varias empresas modificaron las recetas de sus productos para evitar el sello de advertencia.
Asocepic señaló que Colombia implementó, entre 2022 y 2023, un paquete regulatorio que combina el impuesto con el etiquetado frontal, en un contexto de aumento sostenido del sobrepeso y las enfermedades crónicas no transmisibles en el país. La asociación advirtió que eliminar la medida a los dos años de su implementación sería una decisión prematura, ya que el tiempo necesario para observar plenamente su impacto poblacional aún no ha transcurrido.
El gremio precisó que, si bien la evidencia directa sobre desenlaces finales de salud como la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares continúa en desarrollo, existe una cadena causal ya sustentada: los impuestos y el etiquetado modifican las decisiones de compra y reducen el consumo de productos no saludables, factor de riesgo ampliamente documentado para dichas enfermedades.
Frente a los argumentos de algunos gremios comerciales sobre una presunta quiebra generalizada de tenderos, Asocepic citó cifras del DANE que muestran que el número de micronegocios en Colombia aumentó 4,7% entre 2024 y 2025, y que las ventas del comercio minorista formal pasaron de 5,7 a 10,6 billones de pesos entre 2019 y 2025, sin que exista una cifra oficial que atribuya al impuesto una afectación generalizada a los tenderos.
La asociación también señaló que la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (Ensin) no se actualiza desde 2015, por lo que se está discutiendo el impacto de una política implementada en 2022 con datos recopilados hace más de una década. Asocepic pidió a los congresistas impulsar la actualización de esta encuesta e instó al Ministerio de Salud a hacer pública la información sobre la destinación de los recursos recaudados por el impuesto saludable.
Ante este panorama, la asociación propuso cuatro líneas de acción: evaluar con rigor los resultados que ya pueden medirse, sustentar la discusión sobre los tenderos en datos verificables, actualizar la información con la que el país toma decisiones, y rendir cuentas sobre el uso de los recursos recaudados. Asocepic invitó a los representantes Borda y Briceño a un espacio técnico conjunto para revisar esta evidencia antes de radicar el proyecto de eliminación.
