Lo que empezó como un litigio en Canadá amenaza con sentirse en los bolsillos de miles de familias del Caribe colombiano. La Corte de Alberta avaló la solicitud de Canacol Energy para terminar sus contratos de suministro de gas en Colombia, una decisión que pone en riesgo la estabilidad de más de 2.000 trabajadores y el bienestar de cerca de 50.000 personas en el sur de Córdoba.
El epicentro del golpe es Cerro Matoso, la minera depende de Canacol para el 82 por ciento del gas que mueve su planta de ferroníquel y advirtió que un corte la obligaría a frenar por completo su operación.
De materializarse, quedarían en vilo 25 comunidades vecinas, las mismas a las que la empresa destinó más de 10.600 millones de pesos en inversión social durante 2025.
En el resto del país el impacto fiscal sería inmediato porque el Estado dejaría de recibir cerca de 3.000 millones de pesos diarios por impuestos, regalías y compras de bienes y servicios, según las cifras que maneja la compañía.
Pero el riesgo no se queda en Córdoba, toda vez que al interrumpirse los contratos de suministro y transporte con los distribuidores, varias poblaciones de la Costa Caribe podrían enfrentar alzas notables en las tarifas del servicio de gas. El temor es un encarecimiento en cadena que terminaría pagando el usuario regulado.
Frente a este panorama, Cerro Matoso pidió actuar de inmediato a las superintendencias de Sociedades y de Servicios Públicos Domiciliarios, al Ministerio de Minas y Energía y al Gobierno Nacional.
La compañía reclama una intervención que blinde los derechos de trabajadores, contratistas y comunidades, y que asegure la continuidad de una industria con 44 años de trayectoria en el departamento.
