A dos días del asesinato de Rogers Mauricio Devia y Fabián Cardona —dos militantes de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella en el Meta—, el movimiento ciudadano Defensores de la Patria reveló que otros coordinadores de la campaña de Aberlardo han recibido mensajes con amenazas de muerte en distintas zonas del país.
Según el colectivo, las intimidaciones no son vagas: están documentadas con número de origen identificado y contenido registrado. “Estas amenazas no son rumores. No son especulaciones. Son hechos documentados, con número de origen identificado y con contenido registrado”, señala la misiva del movimiento.
Los denunciantes recuerdan que el contexto es de extrema gravedad. Devia y Cardona fueron interceptados por cuatro hombres encapuchados en motocicletas cuando regresaban de recoger material publicitario para distribuir en las veredas de Cubarral y ejecutados a tiros. Ningún responsable ha sido capturado. “Esos crímenes tampoco han sido esclarecidos. Tampoco hay capturas”, advierte el documento.
Ante ese panorama, Defensores de la Patria le solicitó a la Fiscalía General acelerar las investigaciones para establecer el origen de los números celulares desde los cuales se envían los mensajes de muerte. A la Policía Nacional le pidieron “la activación inmediata de esquemas de protección para los integrantes de nuestra campaña que han sido señalados por nombre y dirección como objetivos en estas comunicaciones”.
El movimiento también dirigió un llamado directo al Gobierno y le recordó su obligación constitucional de proteger la vida, la honra y los bienes de todos los colombianos, incluidos quienes participan en procesos electorales. “El silencio del Gobierno frente a lo que ocurre con nuestra campaña es, en sí mismo, un mensaje que las organizaciones criminales están leyendo con claridad”, sostienen.
El colectivo puso a disposición de las autoridades capturas de pantalla, registros de llamadas y demás evidencias, y advirtió que Colombia llegará a las urnas el 31 de mayo bajo una sombra de violencia política que no puede ignorarse. “El mundo está mirando. Las autoridades tienen la obligación de actuar”, concluyeron.
