Una comisión humanitaria integrada por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Defensoría del Pueblo logró recuperar este viernes el cuerpo del periodista Mateo Pérez Rueda, asesinado por las disidencias de las FARC bajo el mando de alias “Calarcá” en zona rural del municipio de Briceño, Antioquia, según informó Blu Radio.
Pérez Rueda, de 25 años, era director de la revista digital El Confidente de Yarumal y fue asesinado el 6 de mayo de 2026 luego de ingresar a la vereda Palmichal el 4 de mayo para documentar los enfrentamientos entre el Frente 36 de las disidencias de las FARC y el Ejército Nacional.
El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, explicó que el periodista llegó al municipio de Briceño el 4 de mayo a las 3:30 p.m. y habló con la Alcaldía Municipal, la Policía, el Ejército Nacional y el hospital local buscando información para su cobertura, antes de ingresar sin autorización a la vereda Palmichal, lo que ocasionó su intercepción por hombres armados de la organización ilegal.
De acuerdo con reportes preliminares, el comunicador fue detenido en la vereda El Hoyo por integrantes del Frente 36, quienes no solo lo retuvieron ilegalmente, sino que lo torturaron y asesinaron frente a la comunidad de esa vereda.
La Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de hasta 300 millones de pesos para quienes brinden información que conduzca a la captura de Jhon Edison Chalá, alias Víctor Chalá, señalado como cabecilla del Frente 36 en la región.
Pérez Rueda era además estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia. Su padre, Carlos Pérez, relató que el 4 de mayo intentó disuadirlo de viajar a Briceño por las difíciles condiciones de seguridad.
El municipio de Briceño atraviesa una situación de extrema tensión por las disputas territoriales entre grupos armados ilegales. La Defensoría del Pueblo había advertido previamente la gravedad de estos hechos mediante la alerta temprana de inminencia 019 de 2025, que señalaba los riesgos de vulneraciones a los derechos humanos para las comunidades rurales y urbanas.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y múltiples organizaciones de derechos humanos rechazaron el crimen y exigieron investigaciones. El caso conmueve al gremio periodístico colombiano a menos de un mes de las elecciones presidenciales del 31 de mayo.
