La audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro Burgos fue aplazada luego de que la fiscal del caso, Lucy Laborde Betancourt, reportara una incapacidad médica que le impidió asistir a la diligencia. La jornada, considerada clave dentro del proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, también dejó un nuevo choque entre la defensa y la Fiscalía por una denuncia relacionada con los derechos del hijo menor del procesado.
Durante la audiencia, el juez Hugo Carbonó tenía previsto avanzar en la etapa preparatoria del juicio y definir qué pruebas serán admitidas en el proceso, entre ellas varios dispositivos móviles que la Fiscalía considera piezas relevantes dentro de la investigación. Sin embargo, la suspensión de la diligencia trasladó esas decisiones para los días 1 y 2 de junio, según informó el despacho judicial.
Más allá del aplazamiento, uno de los puntos de la jornada fue la solicitud de la defensa para que intervenga la Procuraduría General de la Nación, tras advertir una posible vulneración de derechos del hijo menor de Nicolás Petro.
El abogado del procesado aseguró que en una audiencia anterior se mostró públicamente el rostro del niño durante la transmisión judicial, pese a que, según explicó, existían alertas previas sobre amenazas contra el menor y su entorno familiar. De acuerdo con la defensa, la Fiscalía ya contaba con documentos que advertían sobre esos riesgos y pedían especial cuidado frente a la exposición pública del niño.
Frente a esa denuncia, el juez ordenó revisar la grabación completa de la audiencia anterior y remitirla a las partes y al Ministerio Público para establecer qué ocurrió y si hubo afectación a derechos fundamentales.
El caso tomó mayor visibilidad luego de que Nicolás Petro en su cuenta de X, señalara “como yo no decidí convertirme en un arma contra mi Padre, la Fiscalía decidió destruir a Laura y a mi bebé de dos años”
Con la audiencia reprogramada, el proceso judicial sigue en una fase decisiva, mientras crece la atención sobre el manejo de las pruebas y la protección de los menores vinculados al caso.
