Seis peajes de Ruta al Mar en Córdoba enfrentan incertidumbre sobre futuro tarifario tras fallo arbitral

Tribunal ordena terminación del contrato de Ruta al Mar, dejando sin claridad el destino de ocho estaciones de peaje en Córdoba que financian mantenimiento de 500 kilómetros de vías.
4 horas atrás
Foto: LARAZÓN.CO.

La Concesión Ruta al Mar administra seis estaciones de peaje en Córdoba: La Apartada, Los Manguitos, Mata de Caña, Purgatorio, Los Cedros y San Carlos, las cuales tras la terminación anticipada de la concesión podrían pasar a ser administrados por el Invías.

Los ingresos generados por estas cabinas de cobro financian el mantenimiento vial de la red de carreteras del proyecto Antioquia – Bolívar, pero la sentencia arbitral que ordena la terminación anticipada del contrato abre interrogantes sobre qué ocurrirá con el esquema tarifario.

Ruta al Mar realizó el incremento correspondiente al IPC del año 2023 el 1 de enero de 2025, mientras que la actualización referente al IPC del año 2024 fue implementada a partir del 16 de enero de 2026. Las tarifas actuales oscilan entre $19.400 para vehiculos y $96.000 pesos para camiones.

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El gobernador Erasmo Zuleta advirtió que la ruptura contractual genera incertidumbre sobre cómo continuarán ajustándose estas tarifas en un departamento que está sitiado por peajes.

El tribunal determinó que hubo desequilibrios económicos que afectaron al concesionario, siendo una de las principales causas la falta de ajustes en tarifas de peajes.

Zuleta dijo que la incertidumbre sobre la continuidad del esquema de peajes compromete la sostenibilidad financiera del mantenimiento vial departamental.

Con la transición pendiente lo más obvio es que los peajes pasen a ser operador por el Invías, y que surtan ajustes tarifarios, no obstante, la forma en que el Invías presupuesta el recaudo, no deja de preocupar, teniendo en cuenta que la mayoría de los recursos no quedan para reinversión en Córdoba, sino que se distribuyen en toda la red vial.

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El mandatario enfatizó que Córdoba requiere respuestas inmediatas sobre cómo se garantizará la conservación de los 500 kilómetros de infraestructura vial sin interrupciones.