El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, rechazó la posibilidad de un canje de personas privadas de la libertad con el Ejército de Liberación Nacional y advirtió que esa alternativa no tiene sustento jurídico en Colombia ni en el derecho internacional.
El pronunciamiento surgió en medio de la preocupación por el secuestro de integrantes de la Fuerza Pública y funcionarios judiciales retenidos por esa guerrilla, que anunció supuestos “juicios revolucionarios” contra algunos de ellos.
Cuervo sostuvo que esas actuaciones carecen de validez legal porque la facultad de investigar, acusar y condenar recae exclusivamente en las instituciones del Estado. “Solo la Fiscalía investiga y acusa, y los jueces condenan. Eso no se discute”, afirmó el ministro.
El jefe de la cartera de Justicia señaló que esos procedimientos buscan dar apariencia de legalidad a acciones prohibidas por la ley y precisó que la retención de uniformados y funcionarios configura secuestro y toma de rehenes.
“Se trata de una toma de rehenes, tipificada en el Código Penal y prohibida por los protocolos de Ginebra”, dijo Cuervo al insistir en que esas prácticas vulneran el Derecho Internacional Humanitario.
Sobre la propuesta de intercambio con el ELN, el funcionario reiteró que esa figura aplica en conflictos entre Estados y no en confrontaciones internas. “Un canje implicaría reconocer legitimidad a un grupo armado ilegal, lo cual no está permitido ni por el derecho internacional ni por la legislación colombiana”.
Frente a la política de paz total del Gobierno del presidente Gustavo Petro, Cuervo reconoció que las negociaciones enfrentan dificultades y planteó priorizar acuerdos humanitarios inmediatos, entre ellos la liberación de secuestrados, frenar el reclutamiento de menores y detener ataques contra civiles como condición para avanzar en los diálogos.
