El Centro Internacional de Resolución de Disputas ordenó el pago de más de $3,5 billones a la Concesión Ruta al Mar y resolvió la terminación anticipada de su contrato con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). La sentencia despertó alarma regional sobre la continuidad de proyectos de infraestructura vial en Córdoba.
El gobernador Erasmo Zuleta manifestó su preocupación por las consecuencias territoriales de esta resolución internacional.
Advirtió que la doble calzada Cereté–Lorica, uno de los corredores más importantes del departamento, podría quedarse inconclusa. “Córdoba no puede ser la que asuma las consecuencias de una situación que debe resolverse a nivel nacional”, señaló el mandatario.
La decisión del tribunal impacta directamente en 500 kilómetros de vías concesionadas, de los cuales aproximadamente 350 corresponden a la red vial nacional que atraviesa el territorio cordobés.
Zuleta alertó sobre el riesgo de que estas carreteras retornen al Invías sin garantías de mantenimiento adecuado, lo que podría traducirse en deterioro acelerado de los pavimentos y pérdida de conectividad regional.
El mandatario también identificó riesgos adicionales: la incertidumbre sobre la continuidad del esquema de peajes amenaza la sostenibilidad financiera del mantenimiento vial, mientras que variantes estratégicas como las que conectan La Apartada, San Antero y El Porvenir perderían el esquema de conservación garantizado dentro de la concesión.
Zuleta hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que defina responsabilidades y adopte medidas preventivas. Señaló que la terminación del contrato pone en riesgo la culminación de obras con avances parciales, miles de empleos asociados al proyecto, y afecta la competitividad regional en turismo y movilidad agrícola. “Córdoba necesita respuestas claras, decisiones rápidas y soluciones concretas”, concluyó.
